Diputados de las fracciones de Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) y Morena presentaron una iniciativa para considerar como causa penal dentro de los delitos de corrupción las compras a sobreprecio por parte de los servidores públicos en caso de algún bien, obra o servicio, con una pena de prisión de dos hasta los seis años.
En sesión de este miércoles, la legisladora penalista Mónica Leanett Reyes Martínez, a nombre de los promoventes, refirió que se busca que se castigue no solamente por la vía administrativa ese tipo de conducta, sino también en lo penal.
Debido a que la corrupción es un elemento que desalienta a la sociedad, es necesario establecer mecanismos y medidas para su combate y erradicación de manera eficaz, dijo.
La diputada indicó que hay puntos que no se han abordado, como el pago con sobreprecio de obras en la administración pública.
Dicha práctica no solo es un factor considerable para el adecuado manejo de los recursos públicos, ya que muchas veces se paga más del costo real que tiene la obra o el producto en el mercado, lo cual genera ganancias deshonestas para los servidores públicos”, puntualizó.
Aunque existen sistemas de controles públicos como las licitaciones, sistema de comparación de propuestas de cotización de proveedores, de auditoría y comprobación de gastos, en muchas ocasiones la autoridad se limita a realizar el comparativo de las propuestas discrecionalmente o sin analizar y verificar si los precios pueden ser más bajos en el mercado o están notoriamente inflados.
“Las compras con precios inflados o con sobreprecio lesionan gravemente las finanzas públicas, porque en la realidad se está pagando mucho más por un bien o producto del precio que se encuentra en el mercado”, señaló.
Debido a ello, consideró idóneo que se tipifique esa conducta como delictiva dentro del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Consideramos que esta conducta debe ser tipificada autónomamente como un hecho de corrupción en particular y, por tanto, estar prevista en nuestro Código Penal, con ello se propiciará que esta conducta no solo se castiga por la vía de responsabilidades administrativas, sino también por la vía penal, pues es una mala práctica que no abona al honesto manejo de los recursos públicos, que genera ganancias ilícitas para los servidores públicos”, refirió.
La iniciativa propone adicionar el artículo 300 Bis al Código Penal de la entidad y establecer que “se impondrá prisión de dos a seis años y multa de 40 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, realice, celebre o autorice compras, adquisiciones, contratos de bienes, obras o servicios a sobreprecio.
Para efectos de ese artículo se entiende como sobreprecio cuando el precio del bien, producto, servicio o de la obra sean patentemente superiores a los establecidos en el mercado, con una diferencia entre el costo real o de mercado y el precio más alto pagado.