La diputada de Nueva Alianza Hidalgo, Mónica Leanett Reyes Martínez, presentó una iniciativa para establecer en el Código Penal para el Estado de Hidalgo causales como el abandono del territorio, cambio de residencia o sustracción de la jurisdicción del Estado, que evitan el cumplimiento de obligaciones alimentarias y lo constituyen un delito.
En sesión ordinaria del jueves, la legisladora propuso adiciones a la legislación penal estatal para establecer otros criterios con los cuales no se evadan las responsabilidades con quienes exista la obligación de dotar de alimentos.
La legisladora señaló que la problemática social de los deudores alimentarios en México es una “crisis” silenciosa que afecta profundamente la estructura familiar y el bienestar de los menores.
Abundó que ello representa una afectación directa a los derechos fundamentales de niñas, niños, adolescentes y demás acreedores alimentarios, lo que genera condiciones de vulnerabilidad económica, emocional y social.
Aunque el incumplimiento de las obligaciones alimenticias representa una conducta que es penada con prisión por la ley, recordó que hay otras acciones que aplican las personas morosas para evadir sus responsabilidades, pero que no se encuentran en la legislación actual.
Las disposiciones vigentes no prevén de manera expresa aquellas conductas mediante las cuales el deudor alimentario se sustrae deliberadamente de la acción de la justicia, abandonando el territorio nacional o cambiando de residencia con la finalidad de evadir el cumplimiento de sus responsabilidades”, puntualizó.
Esas prácticas, denunció, son una modalidad particularmente grave de evasión, al dificultar la actuación de las autoridades jurisdiccionales y obstaculizar la ejecución de resoluciones judiciales en materia familiar.
Consideró prioritario fortalecer el marco jurídico vigente para establecer consecuencias más severas y proporcionales frente a quienes reinciden en estas conductas o utilizan mecanismos fraudulentos para eludir sus responsabilidades familiares.
La presente reforma busca complementar y robustecer las medidas existentes, fortaleciendo la tutela penal del derecho de alimentos y privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez, así como la protección integral de las familias hidalguenses”, expuso.
La propuesta establece que la pena de tres a cinco años de prisión al que incumpla con sus obligaciones alimentarias, establecida en el artículo 230 del Código Penal, se aumentará hasta en una mitad “en caso de reincidencia”.
Mientras que en el artículo 230 Bis se agregan como causales de ese delito las conductas de abandonar el territorio nacional, cambiar de residencia al extranjero o sustraerse de la jurisdicción del Estado.