La senadora Carolina Viggiano Austria exigió la publicación y aclaración de la información vinculada a la construcción del Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP); entre ellos, el cálculo del ahorro por dejar de pagar rentas, el instrumento de asociación entre las empresas ejecutoras del proyecto, el costo integral y los subcontratos derivados del mismo.
En conferencia de prensa, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseveró que ha accedido con dificultad a la información sobre la obra, a la cual denominó las “Menchaca Towers”.
La priista, que recientemente ha criticado el proyecto de oficinas gubernamentales iniciado en 2025, pidió a la administración estatal que publique siete puntos: la memoria de cálculo del ahorro, el análisis de costo-beneficio y el estudio de rentabilidad.
Además, exigió conocer la relación de los 145 inmuebles que son arrendados como oficinas (con sus propietarios y montos), el costo integral del CASP y sus contratos relacionados, el instrumento de asociación, los subcontratos y los beneficiarios finales de las empresas WECOM S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Satélite SA de CV, encargadas de la edificación.
Asimismo, pidió transparentar la situación jurídica del contrato original y la justificación del costo de “la segunda” licitación para terminar la obra.
En noviembre de 2025, Sipdus licitó la terminación de estas Menchaca Towers, lo hizo 13 meses antes de que venciera el contrato original celebrado a precio alzado, No se ha hecho pública una declaración de rescisión ni determinación anticipada del primer contrato”, aseveró.
Cuestionó cuál será el costo final de la obra y quién asumirá la responsabilidad por dicha decisión, tras calcular que esta ha requerido un gasto de 3 mil millones de pesos, al que aún falta sumar la adquisición del equipamiento para los edificios.
Asimismo, de las empresas WECOM y Constructora y Promotora Satélite exigió la publicación del instrumento jurídico que acredita su asociación, la participación y responsabilidad de cada una, los pagos realizados, los subcontratos celebrados y los beneficiarios finales.
Sostuvo que hay incongruencia en los datos emitidos por el mandatario y otros funcionarios respecto al ahorro que traería la construcción del CASP al dejar de pagar rentas.
En febrero de 2025, el gobernador habló de más de 160 millones de pesos anuales para rentas. Ese mismo mes la Oficialía Mayor, ese oficial mayor que puso Juan Carlos Martínez en el gobierno, habló de 100 millones de pesos. En abril de 2025 una diputada mencionó 114 millones y un ahorro de 53, (…) en junio de 2026 la Unidad de Planeación prometió ahorrar 200 millones anuales. Cinco cifras oficiales para justificar una obra cara”, aseveró.
La legisladora refirió que, de acuerdo con la partida 32-2001, para arrendamiento de edificios en el presupuesto de 2023 se destinaron 83.1 millones de pesos; en 2024, 85.1 millones, en 2025, 89 millones, y 2026, 89 millones de pesos.
Por ello, estimó que al final del sexenio el gasto por rentas llegará apenas a 520 millones de pesos, por lo que sostuvo que recuperar la inversión de los edificios con el ahorro del arrendamiento tomaría casi 34 años.
Por ello, estimó que al final del sexenio el gasto acumulado por rentas llegaría apenas a 520 millones de pesos, por lo que sostuvo que recuperar la inversión de los edificios con el ahorro en el arrendamiento tomaría casi 34 años.
Agregó que en el concurso se desechó una propuesta 323 millones de pesos menor a la ganadora y que en acto de fallo le causó no estuvieran la representación del Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial o la Unidad de Planeación y Prospectiva como testigos.
Agregó que en el concurso se desechó una propuesta 323 millones de pesos menor a la ganadora y que le causó extrañeza que en el acto de fallo no estuvieran presentes como testigos las representaciones del Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial ni la Unidad de Planeación y Prospectiva.
En el acta de fallo, todas aparecen con la misma anotación, no se presentó. La obra pública más costosa de la administración se adjudicó sin la presencia de ninguno de los testigos convocados”, dijo.
DENUNCIA DE SIMEY
Sobre la denuncia en su contra por violencia política en razón de género interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la también senadora Simey Olvera Bautista, la priista dijo que desconocía del recurso por estar “ocupada” en como “defender a la gente”.
Respecto a la denuncia por violencia política en razón de género interpuesta en su contra ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la también senadora Simey Olvera Bautista, la legisladora respondió que desconocía el recurso debido a que se encontraba “ocupada» en “defender a la gente”.
La vamos a responder, no tenemos mayor problema. Yo me siento muy muy tranquila», manifestó.
Según la senadora, este tipo de acciones pretenden «eliminarla» de la contienda política, pero aseguró que no le quitan “el sueño» ni la intimidan.