El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Hidalgo, David Adrián Martínez Santiago, con residencia en Pachuca, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola; Gabriela Mejía Valencia, excoordinadora de Administración y Finanzas, y Estela Galindo Ortega, exdirectora de Recursos Financieros de la institución, por la imputación de peculado relacionado con el supuesto desvío de recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
La resolución judicial se dio el pasado 14 de julio, dentro de la causa penal 604/2025, en la cual la Fiscalía General de Justicia (FGR) les imputa el uso ilícito de 5 millones 923 mil 880 pesos.
En su determinación, el juzgador indicó que se acreditó que la UAEH recibió recursos federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que los tres funcionarios universitarios tenían responsabilidades relacionadas con la administración o supervisión efectiva de los recursos; sin embargo, resolvió que el Ministerio Público federal no demostró el desvió del dinero en su finalidad.
Aunque Mejía Valencia y Galindo Ortega realizaron la transferencia de los recursos desde la cuenta de la UAEH con terminación 4248 hacia la empresa Actinver Casa de Bolsa Sociedad Anónima de Capital variable, el juzgador no advirtió la aplicación distinta de los recursos federales.
La representación social expuso que ese dinero fue transferido al Plan de Beneficios Sociales Múltiples, entre el 22 marzo al 19 junio de 2018, pero no justificó que estuviera prohibido por el convenio firmado con la SEP, consideró.
Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones sobre el manejo de los recursos (auditoría 161 DS de 2018), posteriormente concluyó que no existía responsabilidad resarcitoria por parte de la institución educativa ni de los funcionarios de la casa de estudios.
El juez expuso que no se acreditó que el recurso público federal hubiera sido aplicados de manera directa en el fideicomiso, pues indicó que luego de que el dinero fue trasladado al pago de salarios, dejaron de ser recursos públicos federales y pasaron al patrimonio de los trabajadores.
A partir de ahí, los empleados de la casa de estudios eligieron cómo utilizar sus recursos y decidieron si se incorporaban o no al Plan de Beneficios Sociales Múltiples, por lo que el juez no consideró un desvío de recursos públicos el hecho de que hayan solicitado la retención de su sueldo para el fideicomiso en Actinver.
Para el Plan de Beneficios Sociales Múltiples, relacionado con el retiro laboral de los trabajadores, la UAEH contrató a la empresa Consulting Group (el 30 de julio de 2017), por lo cual estimó en las transferencias hechas a esa firma por 5.9 millones de pesos que no hay elementos suficientes para determinar que el dinero se aplicó ilegalmente.
Aunque el juez dictó auto de no vinculación a proceso para los tres imputados, el resolutivo no tiene de sobreseimiento, por lo cual la indagatoria no está cerrada de forma definitiva: la FGR podrá volver a judicializar el caso si reúne nuevas pruebas que acrediten el presunto ilícito, señala la resolución.
En un comunicado, la UAEH señaló que, según la abogada de Mejía Valencia y Galindo Ortega, Catalina Esther León Laguna, “se acredito ante la autoridad judicial que los recursos federales asignados a la UAEH por la Secretaría de Educación Pública Federal fueron aplicados conforme a su objeto y destino”.