El Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad una adición a la Ley de Educación de la entidad que establece la presunción de inocencia y el blindaje a docentes. La reforma contempla que, ante cualquier acusación de abuso, la autoridad educativa evite tratos, medidas o comunicaciones que impliquen un juicio previo sobre su responsabilidad.
Con 24 votos a favor, en sesión del miércoles los diputados presentes respaldaron la propuesta para adicionar el artículo 117 Bis a dicha ley estatal.
Al presentar el dictamen, la diputada de Nueva Alianza Hidalgo Mónica Leanet Reyes Martínez afirmó que la reforma es viable, con lo cual respondió a “transcendidos” que señalaban que su propuesta era innecesaria por estar ya contemplada la presunción de inocencia en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aseveró que la reforma no implica un privilegio exclusivo para los docentes, sino que busca garantizar que no se aplique ninguna medida en contra del docente señalado sin pruebas que confirmen su responsabilidad ante las acusaciones.
Esto que hoy se plantea no está sobreregulado, compañeras y compañeros, porque en los protocolos de SEPH basta con que un alumno, una alumna, un padre de familia haga un señalamiento hacia un maestro, una maestra, un trabajador de la educación para que sean separados del cargo, para que sean removidos de su espacio, de su centro de trabajo sin siquiera investigar; es decir, primero lo separan del cargo y después se investiga”, señaló.
Aludió al caso de Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), quien se suicidó tras ser acusado de abuso contra una alumna.
“Si esto ya está regulado, como se dice o como se ha dicho que la presunción de inocencia, o con que basta con que la presunción de inocencia esté garantizada en el artículo 20 constitucional, yo les preguntaría: ¿por qué el maestro Alberto se suicidó la semana pasada en la Ciudad de México?, ¿por qué existe un movimiento nacional que está exigiendo que esto se legisle?, ¿por qué existe el impulso a la Ley Tere?, ¿por qué existe el impulso a la Ley Esteban?”, cuestionó.
Sostuvo que en lugar de incomodarse por su iniciativa, quienes la criticaron —sin mencionar nombres— deberían preocuparse por la inseguridad laboral que enfrentan los docentes.
La reforma avalada adhiere el artículo 117 bis, que dice: “Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán respetar y garantizar el derecho a la presunción de inocencia de las maestras, los maestros y el personal administrativo en todas las actuaciones administrativas vinculadas con el ejercicio de su función, evitando cualquier trato, medida o comunicación que implique un juicio previo sobre su responsabilidad”.
Esto implica que los docentes no sean separados de su encargo únicamente por una acusación sin pruebas que sustenten los señalamientos, ni sufran represalias o medidas punitivas por parte de las autoridades educativas.