El juez de control David Adrián Martínez Santiago vinculó a proceso al diputado Edgar Hernández Dañu y su pareja, Blanca Areli L. D., a quienes el Ministro Publicó imputó por su presunta responsabilidad en el delito de narcomenudeo con fines de suministro y posesión.
En continuación de audiencia inicial, concedió dos meses para la investigación complementaria, pues el Ministerio Público señaló que solicitarán a un juez federal una orden para poder extraer la información de una laptop, la cual fue incautada durante el cateo del 21 de septiembre en el departamento del legislador del Partido del Trabajo.
De acuerdo con los integrantes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), durante esa intervención, derivada de una denuncia anónima, fueron hallados 97.2 gramos de marihuana y 13 mil 38 miligramos de metanfetaminas en la recámara del imputado. Además, armas de uso exclusivo del Ejército, las cuales entregaron a la Fiscalía General de Justicia (FGR) por ser un delito del fuero federal.
La audiencia se pospuso en dos ocasiones debido a que los testigos que solicitó la defensa del legislador y su pareja no acudieron: dos agentes del Ministerio Público que ejecutaron el cateo y dos policías estatales que fungieron como testigos. Los dos primeros se encontraban en diligencias y los otros no fueron encontrados por la policía investigadora a la que se mandató su búsqueda.
El defensor acusó actos dilatorios de la PGJH y que no existía la disposición para presentarlos en la sala 3 de los juzgados penales de Pachuca.
Aunque los imputados pidieron el desahogo de esos testimonios como parte de sus pruebas, el juez dijo que las insistencia de los agentes estaban justificadas y que a los oficiales se les buscó, además de que su resolución no se podía dilatar más, ya que estaban próximas a cumplirse las 144 del plazo constitucional para definir si los vinculaba a proceso o no.
Al promover un incidente de nulidad del cateo efectuado el jueves pasado en el segundo departamento de cuarta cerrada de Ignacio Manuel Altamirano, en barrio de San Nicolás, la defensa afirmó que la diligencia violó el debido proceso, pues participaron como testigos dos elementos de la policía estatal, que también fueron utilizados en el registro del perímetro de seguridad.
Con ello, pretendía que los indicios encontrados (mariguana y metanfetaminas, de acuerdo con el dictamen pericial) no tuvieran valor probatorio.
Sin embargo, Martínez Santiago indicó que los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) no formaron parte de los agentes que ejecutaron el cateo, por lo que es legal que hayan fungido de testigos.
Posteriormente, el defensor del petista y Blanca Areli argumentó que era inconstitucional, pues aseveró que no hubo cadena de custodia de lo que la PGJH presentó como hallazgos en el departamento, a lo que MP afirmó que la misma se encontraba en los indicios (droga) que trasladó la perito, lo cual fue convalidado por el juez.
El juzgador afirmó que la defensa no sustentó sus dichos con pruebas (entre ellos, que no le consta que hubiera droga en la bodega de indicios) y que usó “argumentos subjetivos”.
Martínez Santiago consideró la existencia de datos de prueba suficientes, por lo que determinó vincular a proceso a los imputados.
Al término, la defensa pidió al Ministerio Público verificar ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) si sus clientes tenían alguna salida alterna en algún proceso penal previo. Ello, como estrategia legal por si, en su momento, busca un procedimiento abreviado para el legislador y su pareja.
Editor general, reportero
