Tania Deniz Cortez Hernández, enlace administrativo distrital adscrita a la vocalía del secretariado de la Junta Distrital Ejecutivo 05 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo con cabecera en Tula, promovió un amparo en contra del Plan B, para no perder su trabajo.
De acuerdo con información del expediente 597/2023, radicado en el Juzgado Primero de Distrito, la quejosa reclamó la promulgación y entrada en vigor de la reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, promovió un incidente de suspensión contra el decreto, debido a que realiza modificaciones en el diseño y naturaleza de la estructura organizacional y ocupacional del INE, las cuales tienen como finalidad la compactación de las unidades administrativas al mínimo indispensable para su operación y se ordena a dicho instituto, entre otros aspectos, identificar la normatividad que se deberá adecuar, así como las medidas, ajustes administrativos y el costo que implicará la reestructuración orgánica, cubrir el pago de posibles indemnizaciones e instalar diversos órganos para operar los procesos electorales.
Estas modificaciones, de acuerdo con la autoridad judicial encargada del amparo, podrían afectar los derechos laborales de Cortez Hernández, ante el riesgo de perder su empleo.
“En el caso, se considera que los efectos de las normas reclamadas previsiblemente impactarán la estabilidad del quejoso en su empleo, ante el riesgo de desaparecer su fuente de trabajo, pues la reforma que reclama impone una modificación estructural a su Servicio Profesional Electoral Nacional, esto es, nombrar servidores para desempeñar funciones de alta especialización, así como de suprimir plazas, aunado al hecho que ordena la compactación de áreas sustantivas del organismo electoral, lo que es suficiente para considerar que es procedente la suspensión, ya que puede producirse una afectación en su esfera jurídica, lo que hace necesario impedir que el decreto que ahora tilda de inconstitucional produzcan efectos y consecuencias que serían de difícil reparación”.
refirió la judicial federal.
Por ello, determinó concederle la suspensión provisional a la quejosa, a fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y permanezca el esquema actual de organización del INE, sin llevar a cabo despidos masivos de personal que lo integran en diversas áreas derivadas de la reforma, de tal manera que no se modifiquen las remuneraciones y especialización del personal del instituto para el ejercicio fiscal actual hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional.
En ese sentido, el próximo 26 de abril se resolverá si se le concede o no de manera definitiva la suspensión a la funcionaria hidalguense del INE en lo que se resuelve de fondo el amparo, lo cual ocurrirá el 25 de mayo.
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