Oficial Mayor no ve conflicto de interés por compra de depa de 3.8 mdp a contratista de gobierno

El oficial mayor, Edgar Orlando Ángeles Pérez, aseveró que la compra de un departamento por 3 millones 817 mil pesos a una empresa de Juan Carlos Martínez Domínguez, contratista del gobierno de Hidalgo y su antiguo jefe, no representa un conflicto de interés, pues dijo que lo adquirió a 30 años con un crédito bancario.

En su declaración patrimonial 2026, de carácter público, el funcionario indicó que a través de un crédito adquirió, en agosto de 2024, con dos años en el cargo, una propiedad de 126 metros cuadrados que le fue transferida por Celular Millenium SA de CV, firma en la cual laboró previo a ser servidor público.

Fíjate que es muy chistoso, ese departamento yo lo llevó declarando hace más de tres años en mi declaración patrimonial, no es el primer año que sale ese bien (…) Y lo mejor de todo, es un departamento que compre a través de un crédito bancario”, dijo.

Sostuvo que mensualmente eroga 38 mil pesos por la propiedad ubicada en Vía Dorada, una de las zonas habitacionales y comerciales con mayor plusvalía en Pachuca, la cual pagará en un plazo de tres décadas.

El funcionario fue cuestionado sobre un posible conflicto de interés debido a que la Oficialía Mayor del estado está a cargo de los procesos de adquisición de productos y servicios, como el arrendamiento de 80 unidades para el Tuzobús a Rommify Capital SA de CV (por 662 millones 421 mil 775.24 pesos), empresa de la cual Martínez Domínguez -su exjefe y secretario del patronato del DIFH- es socio.

Ángeles Pérez aseveró que él no asigna los contratos, sino el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; no obstante, le corresponde firmar los contratos.

Afirmó que ese ente, que desarrolla los concursos públicos, está integrado por cinco dependencias: Gobierno, Contraloría, Hacienda, la Unidad de Planeación y Prospectiva y su dependencia.

Ellos son lo que determinan a quién se contrata, no lo determina el oficial mayor, son cinco áreas que tiene que ser por unanimidad», añadió.

Aseveró que no existe un conflicto de interés, pues dijo ser un “ciudadano libre” que puede adquirir una propiedad, la cual apenas lleva tres años pagado, sostuvo.

“No tengo nada que ocultar, eh, ahí está mi declaración y estoy declarando que compre un departamento (en el edificio propiedad de Martínez Domínguez) con un crédito hipotecario”, insistió.

Con una remuneración mensual bruta de 58 mil 829 pesos como oficial mayor, Ángeles Pérez no reporta recursos por participación en alguna empresa en su declaración patrimonial.

BENEFICIADAS, CON MISMO REPRESENTATE 

Acrópolis Noticias ha documentado que Rommify Capital e Hidalmotors -la empresa que ganó la segunda licitación para renta de unidades del Tuzobús: 60 vagonatas Nissan, por 60 millones 521 mil 376 pesos- tienen como representante legal en el Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado de Hidalgo a la misma persona: Luis Ricardo Guinea Prado.

En el arrendamiento de los 140 vehículos, el gobierno del morenista Julio Menchaca Salazar erogó 722 millones 943 mil 151.42 pesos en ambas firmas.

Según el documento con folio 202300079739009K del Registro Público de Comercio, además de Martínez Domínguez, Rommify Capital tiene como socio a Guinea Prado y a Green Movi, empresas que desde el sexenio de Omar Fayad Meneses es beneficiaria con contratos millonarios de la administración estatal.

Cuestionado el pasado 1 de junio, el oficial mayor del gobierno de Hidalgo aseveró que en los procesos de licitación para el arrendamiento de unidades para el Tuzobús se pudo inscribir “cualquier empresa”, por lo que justificó que las dos firmas que ganaron los concursos de arrendamiento, por más de 772 millones de pesos, tengan el mismo representan legal.

Que ha habido una empresa que se ha presentado en estos procesos de licitación con Green Movi, con Rommify, con Hidalmotors: son empresa que lo pueden hacer libremente”, expuso previo al afirmar que no puede impedirles participar solo porque ya ganaron otros procesos, pues incurriría en “un delito”.