Durante la obra de revestimiento del acueducto Téllez, que tuvo un costo de más de 649 millones de pesos, se detectaron cinco “tubitos” a través de los cuales se realizaba huachicol de agua, afirmó el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Había tubitos donde había, perdónenme la palabra, pero huachicol del agua, se estaban robando el agua”, expresó tras la entrega de equipo en la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim).
El mandatario afirmó que esas intervenciones ilegales detectadas durante el revestimiento de 11 kilómetros del acueducto fueron denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
Menchaca Salazar indicó que con la obra de revestimiento con kevlar, a cargo de la empresa Jack Hammer SA de CV y Cementos Asfálticos Mexicanos SA de CV por 649 millones 951 mil con 67 pesos, a través de la licitación pública CAASIM-HGO- LO.P.-01-2024, se recuperan casi 5 millones de litros que se perdían diariamente por fugas.
El mandatario estatal afirmó que se mantuvo el costo de la obra tras su finalización, por lo que destacó que se hayan erogado más recursos.
De acuerdo con el directo general de la Caasim, Juan Evel Chávez Trovamala, desde 2022 el organismo ha detectado 15 mil tomas clausuradas en los 15 municipios donde opera el organismo.
Añadió que hasta el momento han interpuesto 200 denuncias penales por robo de agua y de infraestructura, lo que ha dejado la detención de personas.
El funcionario añadió que la cartera vencida de la Caasim es de mil millones de pesos, por lo que están en proceso de depurarla con la cancelación de cuentas.
Hay mucha cartera en donde desgraciadamente hay usuarios que ya fallecieron y sigue generando interés. Lo que va a pasar es subirlo a junta de gobierno y con los mecanismos legales para no tener ninguna responsabilidad para dar de baja eso que ya no podemos cobrar”, dijo.
Chávez Trovamala sostuvo que con esa medida “se va a notar” que la Caasim sí ha recuperado dinero.
Añadió que la cartera “incobrable” represente el 40 por ciento de los mil millones de pesos; es decir, 400 millones de pesos.
Los principales factores son el fallecimiento de los usuarios, que están inlocalizables o que ya no viven en Hidalgo.