El presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), Rufino H. León Tovar, confirmó que, en lo que va de la creación de ese órgano, 43 servidores públicos judiciales han sido suspendidos por presuntos actos de corrupción, así como de acoso.
En el caso del juez de distrito sancionado en Hidalgo, dijo que se busca quién lo supla, que posea idoneidad, honestidad y conocimiento, mientras sigue la investigación.
El magistrado oriundo de Atotonilco de Tula refirió que en Hidalgo se cuentan con varios casos relacionados con conductas no idóneas para los impartidores de justicia, los cuales, dijo, no se permitirán.
“Estamos atacando de una manera frontal la corrupción, y como dicen, que el buen juez por su casa empieza. Hace algunos meses nos vimos en la necesidad de suspender a un juez de aquí, de nuestro estado, porque consideramos que su actuación dentro de un juicio no era la correcta”, recordó.
Tenemos un promedio de 43 servidores públicos suspendidos, hemos inhabilitado jueces, hemos hecho amonestaciones, que son las sanciones más leves”, refirió.
El exsecretario de Movilidad y Transporte de Hidalgo dijo que las suspensiones van en dos sentidos: las precautorias y las inmediatas.
Explicó que, como medidas cautelares, en el caso de detectar que un juez incurrió en actos de nepotismo, corrupción o emitir sentencias en contra de la Constitución o las leyes, se aplica la suspensión precautoria en lo que hace la investigación.
Mientras que la inmediata se aplica en casos de acoso laboral y acoso sexual contra compañeras de los tribunales, principalmente, refirió.
En esos casos, el Tribunal de Disciplina Judicial, para evitar que se sigan perpetrando estos actos que laceran la situación, sobre todo del género femenino, el tribunal suspende de manera inmediata a los juzgadores, realiza una investigación y, de comprobarse los hechos, emitimos sanciones que van desde suspensión hasta la inhabilitación del encargo”, recalcó.
Sobre el caso del juez de distrito en Hidalgo suspendido, León Tovar recordó que a través de su órgano de investigación el TDJ detectó que su sentencia estaba direccionada a proteger intereses de una empresa y de manera incorrecta otorgó suspensiones para descongelar cuentas de las cuales un juez de primera instancia decretó su aseguramiento.
Señaló que por el momento se colocó una persona provisional en el juzgado.
Añadió que el Órgano de Administración Judicial busca a una persona que, además de idoneidad, encuadre en los criterios de honestidad y conocimiento en la materia judicial.
En este caso se decreta como medida cautelar; es decir, para investigar, y la medida tiene dos efectos: a veces evitar que se sigan realizando actos contrarios a la ley, como es en este caso, y cuando son actos de acoso laboral, de acoso sexual y demás, evidentemente la medida se toma de inmediato para evitar que algunas personas del Poder Judicial de la Federación emitan estos actos de fuerza en contra de las personas”, refirió.
Añadió que durante el tiempo que dure el proceso administrativo, a los implicados se les proporciona el “mínimo vital”: el 35 por ciento de su salario.
Si los juzgadores resultan sin culpa, se les reintegra a su puesto y se les pagan los salarios caídos, aclaró.