Grupos de presos que en el papel tiene mayor jerarquía que los custodios (autogobierno), hacinamiento, mala alimentación, cobros por visita íntima, pocos custodios, entre otras irregularidades en las 12 cárceles varoniles, una femenil y el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIPA) registró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en su Diagnóstico de los Centros de Reinserción Social de Hidalgo 2022.
El ente autónomo observó autogobierno en los Centros de Reinserción Social de Pachuca, Jaltocán, Tulancingo y Tula: personas privadas de su libertad mostraron actitudes y acciones similares a las del personal de seguridad, ubicados en lugares estratégicos, y en ocasiones se dirigían al jefe de seguridad como si fuera su superior jerárquico.
Ante los liderazgos que controlan los penales, estos espacio deben de tener mayor observación de la comisión junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), afirmó la ombudsperson estatal, Ana Karen Parra Bonilla.
Asimismo, señaló que había 5 mil 58 personas presas, de las cuales 4 mil 707 son hombres y 351 mujeres, incluido el CIPA, lo que representa un 24.18 por ciento de sobrepoblación en el sistema penitenciario de Hidalgo, problema con mayor indice en Ixmiquilpan, Apan, Huichapan y Mixquiahuala.
La CDHEH también detectó que la comida en los penales es deficiente, pues no incluye en la dieta frutas y verduras frescas. Además, los internos entrevistados señalaron que los alimentos que reciben están mal preparados y algunos tienen olor a thiner, por lo que aducen que los recipientes no son bien lavados.
Los presos también expusieron actos de corrupción y cobro para permitirles la visita íntima, como en el caso de los Centro de Reinserción Social (Cereso) de Actopan y Jacala de Ledezma, donde las afectadas fueron internas.
El documentos señala que el penal de Huichapan tiene un cuarto demasiado reducido y en Mixquiahuala cuenta con dos cuartos destinados para visita íntima, pero uno estaba ocupado por un expolicía separado de las demás presos por motivos de seguridad; en Molango carecen de colchones o colchonetas y en el femenil de Pachuca aún no se concluyan los trabajos de remodelación de ese espacio.
Hasta el 2022, la SSPH reportó contar con 258 custodios con turnos de 48 por 48 horas de trabajo, la mayoría con solamente estudios de bachillerato, para cuidar de más de 5 mil personas privadas de su libertad.
MENORES DE MADRES PRESAS
La CDHEH registró que en los penales donde se encuentran internas con hijos menores de tres años son Pachuca, con cuatro mujeres con dos niñas con edades de 1 año y dos niños uno de un año y otro de 4 meses de edad; Jaltocán, donde se encuentra una con un niño, mientras que en el de Tulancingo hay dos presas con hijos: uno de un año y otro niño de meses.
Respecto a enfermedades crónico-degenerativas, el 29 por ciento de los internos entrevistados señaló padecerlas: diabetes, cáncer en la glándula pituitaria, epilepsia tipo A, gastritis, enfermedad cardiovascular, asma, hipotiroidismo, hiperplasia benigna, parálisis facial, ácido úrico, insuficiencia renal, glaucoma, colitis crónica ulcerosa degenerativa, insuficiencia renal, retención de líquidos, Parkinson, piedras en los riñones, hernia, tos crónica y tumor en el codo izquierdo.
El director de Análisis y Contexto, Óscar Chargoy de la CDHEH, reveló que hay 26 personas que se identifican con algún género diferente a hombre o mujer, pero no reciben atención diferenciada, lo que violenta sus derechos humanos, principalmente a quienes requieren tratamientos hormonales para terminar su transición hacia algún género.
Asimismo, el diagnóstico señala que, hasta diciembre de 2022, 50 de las personas privada de la libertad se identificaron de la siguiente manera: 15 bisexuales, 18 gays, 16 lesbianas y un transexual.
EMITE CDHEH RECOMENDACIÓN GENERAL
Derivado del diagnóstico, la CDHEH emitió una recomendación general a las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, del Trabajo y Cultura, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
En ella, insta a que la Subsecretaría de Reinserción Social dé atención médica y rehabilitación de segundo y tercer nivel.
Asimismo, a la construcción de nuevos Ceresos para atender la sobrepoblación, la creación de protocolos en materia de protección civil para prevenir reducir y controlar riesgos dentro de los centros, la implementación de programas educativos para todos los niveles y clases de idiomas, actividades deportivas recreativas para fomentar el desarrollo integral como un mecanismo alterno, entre otras.
Sabemos que los autogobiernos y las formas en las que se lleva a cabo los procedimientos dentro de los Ceresos pueden generar algunas fugas, algunos conflictos y la infraestructura dice mucho”, expuso Parra Bonilla.
“Los centros de reinserción social deben ser una política pública que debe cambiar de un proceso inquisidor, de un proceso que estigmatiza a las personas privadas de libertad, a un proceso más holístico y un proceso donde deben estar y reinsertarse en una sociedad y en una comunidad; es importante que desmitifiquemos y resignifiquemos los procesos para que las personas que están pagando una deuda a la sociedad tengan esa oportunidad en condiciones dignas”, agregó.
DatoAcro
La presidente de la comisión dijo que no es necesario que la autoridades acepten las recomendaciones generales, pues solo se les debe de notificar.
Editor general, reportero
