La programación y planificación para reponer la consulta indígena, así como el presupuesto para realizar esos trabajos, se deberá analizar con el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, afirmó la diputada Yarabi González Martínez.
En entrevista, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, ente que debe organizar los trabajos luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en 2023 inconstitucional la reforma en la materia al Código Electoral del Estado de Hidalgo, dijo que se encuentra solicitando opiniones técnicas.
Tenemos algunos turnos pendientes, y bueno, estamos pidiendo las opiniones técnicas a las diferentes instituciones para no sobrepasar algunos temas que son importantes”, manifestó.
Reconoció que es un tema en el cual no han profundizado por el periodo de entrega-recepción con sus antecesores, la entrega de oficinas y las comparecencias del gabinete, por lo cual se han visto imposibilitados de atenderlo de forma integral.
Dijo que buscará tener acercamiento con el presidente de la Junta de Gobierno y tratar el tema, ya que, confirmó, tiene bastantes solicitudes respecto a la actualización del Catálogo de Pueblos Indígenas.
Indicó que se debe abordar el tema presupuestal y establecer una planeación y organización de la consulta tras ordenamiento de la SCJN para reponerla.
Hoy platicaba con el secretario técnico de poder tener ese acercamiento con el presidente e ir resolviendo estos temas porque pues ya va a terminar este año y pues viene el año 2025 y bueno, viene la consulta ciudadana que tendría que ser el siguiente año, pero también, pues tenemos que valorar los presupuestos para poder lograrlo”, sostuvo.
En la pasada legislatura, el entonces diputado Jesús Osiris Leines Medécigo planteó que la reposición de la consulta la efectuaría la empresa la empresa SEAP Consultores SC a la que se contrató para el primer ejercicio, pero sin pagar más recursos.
González Martínez planteó que primero se tiene que revisar la situación “real” y los contratos, “saber cómo pasó todo”, por qué no procedió el ejercicio de consulta y consideró que se podría emplear más recursos para atender esta obligación.
“Entonces, bueno, hay que hacer esa valoración y también pues a ver, con cuántos recursos contamos para poder hacer nuevamente el proceso, es algo que se tiene que realizar, pero pues lo primero es que tenemos que saber cuánto vamos a gastar, cuánto se podría ejecutar, si lo tenemos, si no lo tenemos. Entonces, es un tema, digamos, delicado, pero pues hay que prestarle atención porque es de suma importancia”, señaló.
SENTENCIA DE LA SCJN
El pasado 4 de abril, por medio del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), se publicó el resolutivo de la SCJN respecto a los criterios para dejar sin efectos los decretos 573 y 576, respectivos a reformas al Código Electoral de la entidad en materia de pueblos originarios y las personas con discapacidad.
El máximo tribunal del país puntualizó que aunque la Legislatura de Hidalgo realizó, como parte del procedimiento legislativo, una serie de foros, el ejercicio no cumplió con los requisitos de una auténtica consulta a pueblos y comunidades indígenas; es decir, que sea previa, culturalmente adecuada a través de los representantes o autoridades tradicionales, informada y de buena fe.
Entre las anomalías que encontraron se encuentra que la fecha de la publicación de la convocatoria y la celebración de la consulta pública en el tiempo establecido de 30 días, además de que no existió una constante comunicación entre las autoridades representativas de las comunidades indígenas y el Poder Legislativo Local que favorecieran la comprensión de los temas a tratar en las asambleas regionales.
Tampoco existen evidencias de que el personal administrativo del Congreso local tuviera conocimiento de lenguas indígenas o fueran asistidos por intérpretes; asimismo, la convocatoria se realizó en español, náhuatl y hñahñu, lo que excluyó a otras lenguas utilizadas en Hidalgo, aunado a que no existió participación coordinada de la comisión legislativa encargada del procedimiento de consulta con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ni con la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas.
Para la realización de los trabajos, bajo la licitación pública CELSH-CAASSP-LP-003-2022, se contrató a la empresa SEAP Consultores SC por 9 millones 720 mil 800 pesos.
DatoAcro
-Por no realizarla debidamente, la consulta indígena ha sido anulada en dos ocasiones por la SCJN.
Editor general, reportero
