La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) realizó inspecciones a dos sedes de la empresa de call center Atento y aplicó sanciones tras hallar violaciones a las condiciones laborales, afirmó el titular de la dependencia estatal, Oscar Javier González Hernández, al comparecer ante el Congreso local por el segundo informa de gobierno estatal.
Al ser cuestionado por el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora sobre las denuncias públicas realizadas este año por trabajadores por despidos masivos y violaciones a sus derechos, el secretario indicó que se realizaron revisiones.
Ya se ha sancionado por parte de la Secretaría del Trabajo por violaciones que se detectaron en las propias inspecciones que se realizaron en esos dos espacios que tenemos aquí (en Pachuca) de Atento”, expuso.
De la conformación de un sindicato para los trabajadores, intención por la cual surgió el conflicto que los empleados llevaron con las autoridades estadunidenses por una cláusula de intervención ante una empresa transnacional que marca el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), dijo que corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del gobierno de México.
“Estamos preparando información para que ellos lo lleven a un nivel internacional, porque esta empresa está incorporada en lo que es el tratado del libre comercio (sic)”, expuso.
En conferencia de prensa posterior, la directora general de del Trabajo y Previsión Social de la STPSH, Cynthia Córdova Aladro, indicó que tras las revisiones en la sucursales en bulevar Colosio y Felipe Ángeles el proceso aún continúa.
Dijo no poder decir el monto exacto de la multa contra Atento, pues en las inspecciones hay dos momentos, cuando se ejecutan, por lo cual tienen cinco días para subsanar la información requerida, así como al ser turnada a la Dirección de Procedimientos Administrativos.
Estamos en el tema de empezar a subsanar, eso por un lado”, dijo.
Como referencia, indicó que la multa máxima que han impuesto es de 740 mil pesos.
Añadió no poder dar más datos respecto a las irregularidades y violaciones a las condiciones de trabajo encontrada en Atento porque existe “un aviso de privacidad” y un acuerdo de confidencial entre los trabajadores de la secretaría y la misma.
Si me da me da mucha pena, pero sería transgredir un acuerdo de confidencialidad que está previamente firmado con la secretaría”, respondió pese a que no se le pidió revelar información confidencial de la empresa.
FALTA 67% DE RESOLUCIÓN EN EXPEDIENTES EN JUNTA DE CONCILACIÓN
El secretario informó de los 5 mil 180 mil expedientes que recibieron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por demandas laborales entre particulares, en dos años de gobierno han resuelto el 33.55 por ciento, pero aseveró que el compromiso de la administración estatal es abatir todos el rezago en todos los casos antes de que terminen, en 2028.
Indicó que de la mayoría son por presuntos despidos injustificados de personas que solicitan su reinstalación laboral y pago de salarios caídos, mientras que en menor cantidad las querellas corresponde al pago de prestaciones.
Agregó que durante la transición se presentaron 28 demandas contra municipios por despido injustificado; entre ellos, cuatro de Mineral de a Reforma, cuatro de Tula y uno de Almoloya, los cuales ya se encuentran en el Tribunal de Arbitraje.
En comparencia, González Hernández afirmó que hay un gran número de laudos pendientes por cubrir que heredaron las nuevas administraciones municipales, pero dijo que se buscan alternativas para su pago.
Además, acusó que hay negligencia y contubernio entre los abogados municipales de las administraciones locales que dejaron perder juicios que dañaron el erario local. Por ello, los exhortó a contratar a “gente seria”.
Afirmó que los pasados gobiernos locales, antes de irse, pasaron 12 millones de pesos en aludos.
Respecto al Tribunal de Arbitraje, dijo que se han celebrado mil 264 convenios entre entes y trabajadores de la función pública, por los cuales se obtuvieron recursos por 37 millones 856 mil 195 pesos para los exempleados.
Además, se dictaron 105 de laudos, de los cuales 66 fueron condenatorias, siete fueron mixtos y en 32 hubo absolución a las autoridades, con un monto de 78 millones 523 mil 386.58 pesos.
Editor general, reportero
