El coordinador general Jurídico del gobierno de Hidalgo, Raúl Serret Lara, indicó que actualmente llevan a cabo alrededor de 25 procesos para la recuperación de predios que formaron propiedad de la administración estatal.
En entrevista, el funcionario estatal mencionó que la enajenación de esos inmuebles, que se buscan reintegrar al Estado, se dio en diversas administraciones del pasado y apuntó que se encuentra distribuidos en distintas partes de la entidad, sin focalizarse en alguna región en específico.
Además de las 40 propiedades que, la semana antepasada, el gobernador Julio Menchaca Salazar informó que se han recuperado y la veintena de los proceso en curso, el jurídico afirmó que podría haber más casos de regreso del patrimonio estatal.
Señaló que es difícil determinar en este momento la contabilidad del monto que representa el daño patrimonial, pues el valor de las propiedades inmobiliarias cambia con el paso del tiempo.
A la mejor hace muchos años cuando se celebró un acto jurídico que no reunía los requisitos que implicaba en esa situación tenía un valor y hoy, con el paso del tiempo, pues puede haber cambiado el valor (…) Es hasta el momento que concretamos la reparación cuando se cuantifica específicamente el monto”, expuso.
Agregó que para la recuperación de los bienes tangibles se aplican distintas estrategias legales.
“Es complejo el tema porque hay distintas estrategias que se están implementando en este momento y son varios los mecanismos”, dijo.
Entre los mecanismo de que disponen para la recuperación se encuentran los juicios civiles con procesos reivindicatorios para la propiedad estatal, así como procedimientos administrativos como la reversión y otros “en los que se negocian ciertos derechos constituidos en el pasado”.
El jurídico estatal añadió que los proceso que aplica el gobierno de Hidalgo son “diferenciados” debido a que en algunos casos hubo operaciones que “están un poco alejadas del correcto desempeño de la administración”, así como otras “actuaciones jurídicas que se distanciaron de los temas económicos” y otros procesos que “se hicieron bien”, pero que no se concretó la enajenación del patrimonio estatal.
El servidor agregó que su función no llega a determinar si los inmuebles son propiedad de exfuncionarios o de testaferros, pues señaló que la Coordinación General Jurídica no hace actos de investigación de las personas, “sino de los actos jurídicos y de los procedimientos”.
Editor general, reportero
