Por segundo año consecutivo, el Sistema DIF de Tizayuca presenta observaciones en el empleo y destino de los recursos, relativos a la cuenta pública 2024, por 12.3 millones de pesos, la mayoría de ellos durante la gestión de la exalcaldesa Susana Araceli Ángeles Quezada.
Desde 2022 el ayuntamiento ha recibido observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), junto con la Comisión de Agua y Alcantarillado local (CAAMT), el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y de Vivienda (Imduv) y el ente de asistencia social descentralizado.
Entre 2022 y 2023 los señalamientos de la ASEH ascendieron a más de 130 millones de pesos, a los que se suman los 12 millones 398 mil 457.61 pesos por 2024, que se desprende de 22 pliegos que representan probables recuperaciones en el DIF local.
De la revisión se expone que en la adquisición de insumos de la canasta básica para Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, por 2 millones 115 mil 926.23 pesos, no se presentó el acuerdo de reglas de operación ni evidencia documental de control de las entradas y salidas del almacén, de la recepción del personal en esos sitios en los días en que se proporcionó la comida ni el padrón de beneficiarios directos.
Bajo el concepto de sueldo base al personal eventual, la ASEH detectó que el DIF municipal no presentó contrato debidamente formalizado, curricular para verificar si el trabajador es apto para la vacante, así como su jornada laboral o reporte de actividades, por un monto a solventar por 5 millones 3 mil 769 pesos. Tras presentar documentación justificativa, persisten irregularidades por 3 millones 206 mil 370 pesos.
Otra observación sobre sueldos implica presuntos “pagos excedentes y pagos plazas” que no fueron autorizadas en el Presupuesto de Egresos 2024, aprobado con fecha 5 de diciembre de 2023, por un monto de 2 millones 548 mil 406 pesos.
Por el servicio dental de resina, el DIF Tizayuca no presentó comprobantes bancarios que acrediten los importes recaudados por 18 mil 32 pesos y mil 449 pesos.
De acuerdo con el informe individual, la presencia de irregularidades relativas a actividades en el Bioparque Tekuayan suma siete pliegos de observaciones.
Corresponden al pago indebido de traslado de personas a capacitación para actividades por 9 mil 367.50 pesos, de “medicinas y productos farmacéuticos” por 42 mil 114.52 pesos, de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos por 38 mil 651.20 pesos, de alimentación de animales por 806 mil 808.69 pesos y de sueldos por 95 mil 49.00 pesos que fueron irregulares. Todos estos conceptos, de acuerdo con la auditoría, no se encuentra dentro de las facultades del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tizayuca.
También se suman la partida de “sueldo base al personal eventual” del parque por 410 mil 166.00 pesos, y “compensaciones” por 100 mil 41 pesos. Ambos son catalogaron como pagos indebidos.
En gastos de orden social no se acreditó el uso de 5 mil 800 pesos; en la partida de materiales, accesorios y suministros médicos se detectó la no existencia de bienes, el registro de entradas y salidas de almacén y la entrega recepción de los bienes al personal solicitante por 111 mil 618.92 pesos, mientras que en combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres tampoco hubo evidencia de los destinos y comisiones realizadas por el personal del DIF al que se le asignaron vehículos oficiales, por lo que no se acreditó el gasto 442 mil 279.18 pesos.
Asimismo, el ente fiscalizador señaló que la prima de vacaciones y dominical no se pagó conforme a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos 2024, por un monto de 695 mil 362.60 pesos.
La ASEH refirió que tras la evaluación del Control Interno se detectó que existen debilidades como no identificar factores de riesgo de presión interna y externa, la oportunidad y la racionalidad, que aumenten las posibilidades de que ocurran actos de corrupción en los que se puedan ver involucrados los servidores públicos.
La Entidad Fiscalizada presentó deficiencias en su control interno, en lo referente al componente de Administración de Riesgos, que no le permitieron llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad, para dar certeza del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos”, expuso el organismo fiscalizador estatal.
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