Tras vincularlos a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada y abuso sexual, en una audiencia que duró alrededor de 15 horas, el juez de control Jesús Anim Ope Islas dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Williams Arturo Trejo Leal y a su esposa, Bertha Eva Medina Hernández, mientras que su hermana, la diputada con licencia Ahely Medina Hernández, aplicó firma periódica mensual y la prohibición para salir del país.
Sin embargo, el ordenamiento judicial sobre el operador político de Morena y su pareja no se puede ejecutar hasta que, en su caso, se les niegue el amparo que ambos promovieran en la Ciudad de México en contra de una detención, expediente en el cual cuenta con una suspensión definitiva para no ser privados de la libertad.
La audiencia privada, que se realizó en la sala 2 de los juzgados de Pachuca, comenzó después de las 09:00 y terminó alrededor de las 23:50 horas del miércoles. Los imputados comparecieron de forma remota, a través de la plataforma Zoom.
En ella, el juez estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de tres meses.
De acuerdo con la imputación, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación indican que los hechos imputados ocurrieron del 18 al 27 de abril del 2022, en momentos diversos, en el municipio de Zimapán, lapso en el que los imputados fueron señalados por haber agredido sexualmente a las víctimas, que son sus sobrinas.
“Hoy después de tres años obtenemos un resultado positivo para las infantes”, afirmó en entrevista posterior a la audiencia el asesor jurídico de las víctimas Juan Roberto Ramírez González.
Indicó que la diferencia de la medida cautelar para los imputados se debe a que, en el caso de Willy y su esposa, no se tiene la certeza de que sigan viviendo en el domicilio que proporcionaron, en Zimapán, mientras que a la diputada se le dictó firma periódica y no salir del país porque su riesgo de fuga “es más bajo”.
Afirmó que seguirán litigando en la Ciudad de México sobre el juicio de amparo que promovieron los imputados para no ser detenidos, con el fin de que la suspensión definitiva que les otorgaron se revoque y deje de tener efectos, con lo cual aplicará la medida de prisión preventiva justificada que les fue dictada por el juez de control.
Afirmó que el caso se encuentra ante un Tribunal Colegiado para dirimir si el expediente –con el cual señalados buscan la protección de la justicia federal para no ser privados de su libertad– se queda en la capital del país o los juzgados de distrito de Hidalgo tienen competencia para conocer del mismo –por razones de domicilio–.
Sostuvo que la objetividad del juez de control fue “seria” para dictar el auto de vinculación a proceso, más allá de los pronunciamientos hechos sobre el caso por la Secretaría de Gobernación federal.
“No podía ser en ese sentido conminado para hacer algo, sino simplemente por los datos de prueba que se tenían, y de acuerdo a las diligencias, pues se llevó a cabo (la vinculación)”, externó.
El abogado agregó que existe otra resolución pendiente de un amparo en revisión, en un Tribunal Colegiado, sobre otros hechos contra el político morenista y su esposa.
Aylén Trejo Leal, tía de las niñas, aseveró que con la resolución de vincular a proceso a los imputados ven “un rayito de luz”, luego de tres años de comenzar el proceso legal.
“Nosotros estuvimos luchando tortuosamente por tres años para que el día de hoy obtuvimos esto, que es la vinculación a proceso, con datos de prueba que no son nuevos (…) Estaban desde el inicio de la carpeta”, agregó.
Dijo que fue necesario “hacer manifestaciones”, y agradeció a las autoridades federales por intervenir con mesas de trabajo en las cuales, afirmó, le externaron omisiones de las autoridades estatales para obtener justicia.
“Los imputados han tenido la protección del gobierno del estado”, aseveró.
La abogada Alejandra Flores añadió que las menores víctimas, que se encuentren en un refugio, reciben atención especializada por parte de la autoridad, se les da seguimiento psicológico, emocional y médico, así como instrucción académica.
La determinación de Ope Islas se da luego de aquí, en 2023, la jueza de control Janett Montiel Mendoza determinado no vincular a proceso a Willy y su esposa, por lo que la justicia federal ordenó una nueva resolución tomando en cuenta el testimonio de las menores, entre otra cuestiones.
DatoAcro
-El abogado indicó que las penas máximas por los delitos de abuso sexual y violación son de nueve y 12 años, respectivamente, por lo que podrían alcanza hasta 21 años de cárcel.
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