El juez de control Luis Raúl González Becerril vinculó a proceso a Maykon Jonathan L.M. y Carlos Mauricio H.C., imputados por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) por los delitos de lesiones, sedición y ultrajes a la autoridad en la marcha del 8 de marzo y posterior confrontación en plaza Juárez, a pesar de que la defensa de ambos argumentó inconsistencia en la imputación y que la teoría del caso salía de la lógica.
En continuación de audiencia inicial, que tuvo lugar en los juzgados de Pachuca, los abogados refutaron el señalamiento de que sus defendidos estuvieron en tiempo y lugar de la acusación en su contra sobre agresión con piedras y valla a una uniformadas, insultos efectuados entre la multitud a las autoridades que resguardaban las placas colocadas en las inmediaciones de palacio de gobierno e incitación a la rebelión del contingente de mujeres.
En su argumentación, Daniel García Luna, abogado de Jonathan, sostuvo que su cliente junto con otros dos acompañantes -uno de ellos Carlos Mauricio- estuvieron en una barbería de la calle Vicente, Guerrero de las 14:05 horas a las 15:45 horas y salieron del lugar con una de las empleadas para dirigirse a plaza Juárez para comer. Ese momento, sostuvo, quedó videograbado por cámaras del establecimiento.
Aseveró que el imputado y las otras tres personas se percataron de lo que aconteció en plaza Juárez -confrontación entre manifestantes y policías- y minutos después regresaron a Guerrero. En ese momento agentes de Investigación vestidos de civiles, sin acreditarse, los detuvieron, aseguró.
Carlos Saba Salinas, defensa de Carlos Mauricio, en coincidencia con su colitigante, argumentó que la detención de su representado fue ilegal.
Sobre las imputación, el abogado de Jonathan insistió en que el joven no participó en los hechos que se le vinculan.
En el caso de Carlos Mauricio, su representación intentó desacreditar los delitos que le imputa el Ministerio Público: sobre la sedición -que implica resisten a la autoridad atacarla- dijo que acusarlo de ese ilícito atenta contra su libertad de expresión y que incluso es un mensaje para que “el pueblo no se manifieste”, mientras que del señalamiento de ultrajes lo calificó como irrisorio, pues consideró ilógico que haya lanzado insultos como “pinches polis puerca”, entre otros, contra las oficiales estando en un acto del 8M, Día Internacional de la Mujer. Rechazó que se haya ubicado hasta el frente del contingente.
Además, señaló que las agresiones verbales no coinciden con los testimonios efectuados por las policías presuntamente ofendidas, de quienes -afirmó- no se acreditó con documentos que realmente fueron autoridad. Cuestionó que entre 5 mil asistentes a la marcha solo hayan identificado los insultos del imputado.
En cuento a las lesiones, dijo que la agente solo manifestó tener “un dolor”, lo que, consideró, no significaba ser víctima de este tipo penal.
Agregó que no podía haber una imputación conjunta por los delitos de ultrajes y lesiones, pues se juzgaría dos veces una misma acción.
Saba Salinas también aseguró que al momento de su detención ambos jóvenes fueron lesionados por los agentes aprehensiones, y que en el caso de Carlos presentaba golpes en el labio inferior y en el hombro derecho.
En respuesta, el ministerio público aseveró que pese a los argumentos de la defensa no se desacreditaba la comisión de ninguno de los tres delitos. Insistió en que una de las uniformadas presentó lesión en una mano y que los videos citados por uno de los abogados no fueron presentado como pruebas.
La defensa de Jonathan refutó al representante de la PGJH que sí presentó el material audiovisual a la Policía Investigadora, pero la respuesta que recibió minutos ante de la continuación de audiencia fue que el equipo en el que se analizaría el materia no reconoció la USB que el contenido. Por ello, le propuso presentarlo en ese momento, pero el ente acusador no accedió.
Tras hora y cuarto de receso, el juez de control resolvió vincularlos a procesos y dio un meses para la investigación complementaria. Los imputados permanecerán en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.
En su explicación, González Becerril sostuvo que se acreditó la comisión de los delitos. De los ultrajes, consideró que se denigró a las policías en funciones, mientras que al impedir sus labores correctamente incurrieron en la sedición. Las lesiones, pese a que solo se estipuló un dolor, dijo que podrían ser internas.
Agregó que los videos citados por la defensa pueden ser considerados como un argumento, más no como una prueba, pues no fueron analizados por la PGJH.
Sobre el argumento de qué no se acreditó con documentación que les presuntas víctimas eran policías, el afirmó que el punto fue comprobado por las indagatorias de la Policía Investigadora.
En tanto, González Becerril dio vista al Ministerio Público para que inicie una investigación por las lesiones presuntamente presentaban los imputados.
BUSCARÁN SU LIBERTAD
En entrevista tras la vinculación a procesos, García Luna dijo que lo que trataron de acreditar a través de los videos es la falta de participación de los imputados en los actos del 8 de marzo.
Él hace una analogía entre los videos del Ministerio Público y nuestros videos y le da valor a lo del Ministerio Público”, añadió Saba Salinas sobre la resolución del juez
El abogado agregó que buscarán una “cercanía” con el Ministerio Público para lograr la libertad de los imputado.
Agregó que es viable interponer un amparo y pedir el cambio de la medida cautelar para sus clientes o la suspensión del proceso, procedimiento abreviado en el que, aseveró, se aceptaría un hecho, per no la responsabilidad.
DatoAcro
-Antes de la audiencia, familiares de ambos imputados se manifestaron en los juzgados para acusar irregularidades en su detención, por lo que exigían su libertad.
Editor general, reportero
