La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, consideró congruente la determinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ordeñado en Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019 -con más de 130 víctimas-, que señaló su omisión de atender el problema del robo de combustible. Además, se dijo en la disposición, si se requiere, de dar el acompañamiento a las víctimas.
Después de que el organismo nacional emitió un informe especial con motivo del incendio de tomas clandestinas en el ducto de hidrocarburo propiedad de la empresa del Estado mexicano, la funcionaria dijo que es un asunto de carácter federal, por lo cual el ente autónomo local no puede pronunciarse.
Me parece que era un tema que ya tenía que haber salido, yo creo que es una postura muy congruente en lo que hace la Comisión Nacional, porque ella es la encargada. En realidad, nosotros no teníamos apertura en esta investigación porque son autoridades federales”, dijo.
Parra Bonilla expresó que lo único que queda es apoyar a las víctimas de la tragedia que, de acuerdo con el informe especial, dejó 13 sobrevivientes y 138 muertos. No obstante, recordó que la CDHEH no es la autoridad responsable de vigilar que se dé puntual atención a esas personas.
Creo que va a ser una postura muy importante el que por primera vez la Comisión Nacional pudiera ver un tema tan específico como son los hidrocarburos”, consideró.
Además de Pemex, la CNDH menciona como corresponsables a los tres niveles de gobierno por omisión en su debe de atender psicológica, médica y terapéutica a las víctimas.
Cuestionada si había observado la desatención a los afectados por este incidente, la ombudsperson insistió en que la CDHEH no tiene injerencia por ser “un tema federal”, por lo cual no podría dar un estatus de cada instancia a la que el reporte conmina a actuar, mucho menos emitir una recomendación.
En el mismo tenor, indicó que la comisión estatal no tendría un acercamiento directo con los familiares de las víctimas; sin embargo, si hay accesibilidad de la CNDH para que coadyuven, dijo, están en la mejor disposición de acompañarlas.
El pasado 21 de junio, la CNDH presentó su informe especial, en el cual determinó responsabilidad de Pemex en la explosión de Tlahuelilpan, ocurrida hace más de seis años, ante la falta de medidas preventivas para enfrentar la extracción ilegal de combustible en sus ductos.
Junto a Pemex, el órgano nacional recomendó a los tres niveles de gobierno elaborar de manera conjunta y coordinada un programa de remediación ambiental en la zona afectada, con la participación de la comunidad y las personas afectadas; hacer un plan de atención individual y colectivo, dirigido a las víctimas y a la comunidad, que incluya acciones para su atención médica, psicológica, terapéutica, el restablecimiento de su dignidad y medidas que contribuyan a evitar la repetición de los hechos.
Además, diseñar y difundir en la localidad y municipios con mayor incidencia en la extracción ilegal de combustible una campaña para sensibilizar a la población respecto del riesgo; coadyuvar con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a los responsables de los actos ilícitos del día de la explosión, así como generar fórmulas jurídicas para exigir, en su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos.
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