La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) informó que ni la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ni el ayuntamiento de Mineral del Monte aceptaron las respectivas recomendaciones hechas en su contra por violaciones de derechos humanos cometidos por su personal y funcionarios, en hechos distintos, contra alumnos del Instituto de Artes (IA) de la casa de estudios, por lo que dará vista al Congreso local en busca de que expliquen su determinación.
En rueda de prensa, la ombudsperson Ana Karen Parra Bonilla relató que el 2 de septiembre pasado la universidad solicitó la ampliación de plazo para contestar a la recomendación R-VG-00012-24, emitida por las agresiones contra los alumnos parista cometidas en el 19 de septiembre de 2023 en el Edificio Central de Abasolo, por lo que otorgo una prórroga de cinco días hábiles, “sin que ello implicara una tolerancia hacia las notorias violaciones a derechos humanos que se acreditaron”.
No obstante, el 9 de septiembre el Consejo Universitario informó de “la imposibilidad” para responder la recomendación en el plazo concedido por la CDHEH, pues la sesión de este organismo rector de la UAEH “está programado para los últimos días” del mes.
Por ello, la comisión considera que tácitamente la institución educativa no aceptó el pliego recomendatorio.
Pese a la ampliación de plazo concedido, no se recibió respuesta de Honorable Consejo Universitario de la UAEH por cuanto hace a la aceptación o no aceptación de la recomendación (…) Se considera una no aceptación tácita; esta circunstancia se informara a la opinión pública, esto todo fundado en la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo”, dijo.
Añadió que en el caso de ayuntamiento de Pachuca, parte de la recomendación por agresiones de policías municipales a alumnos previo a la protesta en el edifico de Abasolo, informó de la aceptación de la misma el 27 de agosto.
La CDHEH informará al Congreso local sobre la posición de la UAEH, por lo que, advirtió, puede solicitarle a los legisladores que citen a comparecer a las autoridades universitarias para “explicar su omisión”.
Si la autoridad persiste en su negativa, la CDHEH tiene la potestad de denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa correspondiente a las personas servidoras públicas señaladas en la recomendación”, sostuvo Parra Bonilla.
Agregó que notificarán a las víctimas para que procedan conforme “a su derecho consideren”.
En el caso de la recomendación R-VG-0011-24 contra el ayuntamiento de Mineral del Monte, a través del entonces edil Alejandro Sierra Tello y la otrora síndica, el 22 de agosto se informó que no la aceptó, con el argumento de que “no estaba ajustada a derecho”. Por ello, un día después se le solicitó al municipio fundar y motivar su determinación.
La ombudsperson acusó que la respuesta se dio “sin establecer criterios lógicos-jurídicos” que determinen esa consideración.
“Obteniendo como respuesta un escrito, a través del cual, a su decir, interpusieron recurso de impugnación en contra de la citada recomendación”, indicó sobre la respuesta de la autoridades municipales que gobernaban el pueblo mágico, a la que calificó de tener “total desconocimiento de la ley”, ya que solo los quejosos pueden promover ese recurso.
Parra Bonilla añadió que el 27 de agosto las víctimas de la detención arbitraria cometida por policías municipales, el 13 de agosto de 2022, interpusieron un recurso de impugnación contra la negativa de Mineral del Monte de aceptar la recomendación, el cual resolverá la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En este caso, indicó que la comisión consultará con el Poder Legislativo para determinar si la “fundamentación y motivación” presentada por Mineral del Monte es suficiente. De lo contrario, el municipio deberá informar si persiste o no su posición de no aceptación.
Una sociedad en la cual las instituciones no reconozcan la defensa de derechos humanos, no podrá tender progreso (…) El desconocimiento de una materia no justifica la hostilidad”, sostuvo.
DENUNCIAS, SIN NOTIFICACIÓN
Parra Bonilla dijo que las tres denuncias que presentó el área jurídica de la UAEH en su contra por hacer pública la recomendación antes de que la casa de estudios respondiera si la aceptaba y por solicitar una disculpa pública del rector Octavio Castillo Acosta son “actos intimidatorios” y producto del “desconocimiento” de la institución.
Agregó que no ha sido notificada, pero dijo estar en la disposición de colaborar con las autoridades
La autonomía de la universidad, dijo la ombudsperson, no está por encima de los derechos humanos de las personas, afirmó.
Refutó la postura de la UAEH respecto de que la comisión debió esperar a que la casa de estudios respondiera a la recomendación para poder hacerla pública, pues indicó que la Ley de Derechos Humanos del estado la faculta para, al ser un hecho público y de interés las agresiones del 19 de septiembre, transparentar el caso.
No dice en ningún momento (la ley) que debo esperar a que se acepte o no la recomendación, es de opinión pública”, expuso.
La ombudsperson acusó que en redes sociales y vía telefónica personal de la comisión; ella incluida, ha sido intimidados y con comentarios “con índole de seguridad”.
Dijo que ya tomaron medidas de seguridad y notificaron a la relatora internacional de los actos que ha sufrido, pero aseveró que no la intimidarán. No obstante, dijo que no puede responsabilidad a nadie.
El hecho de tener palabras que pongan en duda nuestro trabajo, el que puedan socavar la integridad de nuestra institución, pero sobre todo que nos invitan a no hacer nuestro trabajo porque puede tener consecuencias, creo que esa una de las principales preocupaciones (…) porque nosotros no podemos ser silenciados por nuestro trabajo”, expuso.
DatoAcro
-Si la CNDH acepta los recursos, podrá solicitar a los involucrados en las recomendaciones que justifiquen su negativa y, en su caso, emitir otra. El proceso podría llegar, incluso, al Senado y promover denuncias penales, advirtió.
-Respecto al convenio que la defensa universitaria, Elsa Ángeles Vera, dijo que había entre la UAEH y la CDHEH, con el que aseguró que se debió llegar a un propuesta de solución, Parra Bonilla respondió que el mismo es de cooperación, no para que la casa de estudios resuelva las quejas por violaciones de derechos humanos graves, pues consideró que sería transferirle sus facultades.
Editor general, reportero
