Tras una protesta de la bancada del Partido Revolucionario (PRI), la mesa directiva del Congreso de Hidalgo rectificó y dio por aprobado el dictamen que reconoce como defensores de derechos humanos a madres buscadoras, promovido por la diputada Johanna Montcerrat Hernández Pérez, quien no obstante continuará con su intención de promover una denuncia por violencia política de género.
La mañana de este martes, al inicio de la sesión ordinaria los legisladores priistas se colocaron con una lona guinda detrás del diputado presidente de la mesa directiva, Aldo Meza Hernández, en protesta porque en el orden del día no se puso a consideración el acta de la sesión anterior, en la cual la reforma obtuvo los votos suficientes, pero no fue avalada. Ese documento da evidencia de los agravios denunciados ayer por la legisladora ante el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH).
Quiero pedirle que nos responda en esta sesión, para los efectos jurídicos conducentes y el proceso legal instaurado por el grupo del PRI, por qué motivo no está el acta de la sesión anterior para su lectura”, increpó Mendoza Bustamante a Meza Hernández.
Ante el reclamo del tricolor, el morenista respondió que el documento se presentaría “el día de mañana”, pues aseveró que estaban “construyendo el acta para cuidar todos los detalles”.
Mendoza Bustamante y Hernández Pérez se levantaron de sus lugares para manifestar su descontento y declararse en protesta pacífica.
No vamos a dejar esta protesta hasta que se nos diga cómo se va a resolver y solventar lo que pasó la sesión pasada”, planteó la diputada, quien junto a su compañero sostuvo una lona con el mensaje “Morena dio la espalda a las madres buscadoras”.
El coordinador de los diputados del PRI exigió al presidente de la mesa directiva un receso para abordar el tema junto al presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez; la presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Lizbeth Iraís Ordaz Islas, y Miguel Ángel Moreno Zamora, de la Comisión de Hacienda, al señalarlos como responsables directos del “ilegal desahogo de la última sesión”.
Meza Hernández accedió a la petición y pausó la sesión, acto que duró por espacio de una hora. Al regreso, la reforma se dio por avalada.
Derivado de un análisis realizado en el resultado de votación obtenida del dictamen que aprueba modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de protección a personas protectoras de derechos humanos y de salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo en materia de personas buscadoras, mismo que se sometió a lectura, disposición y votación en la sesión ordinaria de fecha 18 de marzo de 2026, se observa que el mencionado dictamen tuvo una votación de 15 votos a favor y 11 en contra, por lo que se determina que tiene por aprobado”, manifestó el morenista tras reiniciar la sesión.
En entrevista posterior, el priista señaló que en la reunión se llegó a la solución más rápida: la rectificación de la mesa directiva para corregir el error en la sesión pasada, en la que había regresado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el dictamen avalado.
Al cuestionar a ambos diputados si continuarán con el juicio ciudadano interpuesto por violación al proceso legislativo y la intención de denunciar violencia política de género, Mendoza Bustamante refirió que el primero lo analizarán con el cuerpo jurídico del partido, aunque reconoció que ya quedaría sin efectos tras haberse rectificado el proceso.
En cuanto al segundo, Hernández Pérez adelantó que le dará el cauce correspondiente.
“Creo que es muy importante que tengamos un antecedente que no se puede legislar de esa manera y sobre todo que, aunque seamos dos diputados de oposición, no vamos a dejarnos, no vamos a callar y siempre vamos a recalcar lo que esté mal hecho y apoyar lo que esté bien hecho”, señaló la legisladora.
Mendoza Bustamante dijo que en la reunión efectuada durante el receso no se planteó pedir explicación sobre quién se equivocó en la sesión pasada.
Nuestra postura no fue política, de ‘A ver, queremos cabezas, queremos culpables’, bajo ninguna circunstancia. Nuestra postura fue profesional, correcta (…) y bueno, finalmente se accedió”, manifestó.