Transparencia, ahí nos vemos

El próximo año comenzará un periodo aciago para la transparencia y la rendición de cuenta en un régimen que se autoadscribe del pueblo, que ahora será el sujeto requerido y, a su vez, el encargado -ya sin un órgano regulador- de contestar lo que quiera y si quiere contestar a la ciudadanía.

La desaparición de los entes públicos encargados de garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales convertirá en un absurdo el sistema de transparencia: el Estado será juez y parte.

Es cierto que los institutos de transparencia nacional y estatales han cometido abusos presupuestales y de acción e incluso han actuado con carácter servil ante el Ejecutivo. En el caso de Hidalgo, el Itaih ha tenido más esa tendencia, por encima de garantizar plenamente el derecho ciudadano a la información.

Basta recordar que su todavía presidenta, Myrna Moncada Mahuem -proveniente de un Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción a modo, donde ocultó un conflicto de interés al haber sido auditora externa del gobierno de Fayad-, al iniciar su periodo señaló que mucha gente hacía uso de su derecho a la información para “tratar de evidenciar algo o alguna venganza”; incluso, ya se pronunció en favor de la desaparición del ente que, en teoría, debía defender. ¡Vaya!, andaba “muy quitada de la pena”, como se dice, con los diputados que tendrán la tarea de desaparecer el órgano que encabeza.

Sin embargo, con todo lo reprochable que pueda ser la actuación de los funcionarios, siempre será preferible contar con un instrumento justifica y legalmente independiente al gobierno en turno para tutelar este derecho, pues los servidores van y vienen, las instituciones persisten.

Con la desaparición de los órganos autónomos, las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) –creado hace más de 20 años como parte de los compromisos internacionales de México con la progresión de los derechos humanos- pasarán a la recién creada Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Ahí se definirá, por ejemplo, qué gasto público se desea transparentar o si con una reserva por motivos de seguridad se le pone un velo. ¿Con quién se podrá quejar un ciudadano inconforme con una respuesta del gobierno? ¿Con el gobierno?

En el caso de Hidalgo, el instituto garante local pasará a la Secretaría de la Contraloría. El mismo mecanismo que en el ámbito federal: juez y parte. ¿Ahora será más fácil para un funcionario local intentar o tener intromisión, por ejemplo, para que un reportero no pregunte o pida cuentas a tal o cual dependencia? No es que las áreas de comunicación social antes no lo hayan intentado, pero al menos había -todavía lo hay- la figura de entes encargados de velar por el derecho humano a la información.

De esta regresión y sus consecuencias futuras históricamente se tendrá que hacer cargo el régimen en turno, irónicamente producto de luchas como el derecho a saber y otras. La política da muchas vueltas y el velo que hoy ponen a la transparencia mañana podrá ser el reproche del pueblo que hoy dicen proteger.

Comparte se te ha gustado
Noticias Acrópolis