El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, confirmó que son acreedores a una nueva multa por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) por 7.5 millones de pesos, herencia -dijo- de la pasada administración partidista, encabezada por Julio Valera Piedras, por asignación de recursos que eran para actividades específicas y se emplearon en otras ajenas al partido.
En conferencia de prensa, el dirigente confirmó que las cuatro denuncias que presentó contra la dirigencia priista de su antecesor continúan, pues se siguen nutriendo de las investigaciones que hace el organismo electoral sobre las presuntas anomalías.
Mencionó que apenas la semana pasada el INE les notificó sobre las últimas multas relativas a la gestión de Valera Piedras.
Todo eso tendrá que abonar a la investigación, y el primer paso se le llaman oficiosos en el Instituto Nacional Electoral; es decir, son investigaciones sobre el fondo de aquello que dejó de cumplirse o de hacerse y que amerita esa multa. Estamos hablando de que la multa son más o menos 7 millones y medio, los 7 millones son de la anterior este administración”, subrayó.
Abundó que dentro de la carga que les heredó la pasada administración partidista estatal se encuentran otros 22 millones de pesos en multas, de los cuales, aseguró, su gestión ha pagado 20 millones de pesos. De confirmarse los 7 millones y medio de pesos de la nueva sanción, estarían pendientes de solventar 9.5 millones de pesos.
Nos dejaron más o menos 22 millones de multa, hay que sumarle los siete que están a punto de llegar, y de esos ya pagamos 20 millones; es decir, estamos a punto de llegar pues a solventar totalmente”, expuso el dirigente.
El también diputado local recordó que este miércoles se vence el plazo para impugnar las multas y tratar de atemperar el efecto de los más de 7 millones de pesos.
Al cuestionarle sobre los hechos que motivaron las penas impuestas por el INE, el priista no lo precisó debido a que será parte de la investigación; no obstante, mencionó que principalmente es por el uso de recursos asignados para temas específicos aplicados en fines no partidista.
A las multas se suman los pasivos laborales que recibió de la anterior administración a su llegada a la dirigencia, en junio de 2023, que ascendían a 43 millones de pesos, de acuerdo con Mendoza Bustamante. Actualmente, dijo, deben 17 millones de pesos.
Seguimos teniendo un pasivo laboral de alrededor de 17 millones, pero hace año y medio que llegamos era de 43 millones y lo hemos ido solventando, pues obviamente con los recursos y con las acciones legales del partido”, refirió.
COMPARECENCIAS
Sobre la situación de inseguridad y los recientes casos de violencia en Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo, así como la balacera que se presentó ayer en Tula de Allende, el diputado dijo que analiza hacer una propuesta ante la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo para llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, y de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun.
Sí, lo hemos platicado mi compañera Montcerrat (Hernández Pérez) y un servidor y vamos a hacer la solicitud, sobre todo que se informe sobre lo que están realizando, que se transparente la información, o sea, no podemos seguir diciendo que son hechos aislados”, expuso.
No obstante, recalcó que más allá de la comparecencia, que es un acto público y sirve para dar nota, el tema es de “mayor calado”, y responde a visibilizar, tener cifras, transparentar, así como saber cuál es la política que se está implementando en materia de seguridad.
El tricolor aseguró que Hidalgo no está preparado para este fenómeno delictivo, pues la entidad era un estado tranquilo.
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