El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) se declaró incompetente para resolver el juicio ingresado contra la expedición y promulgación de la reforma electoral en materia indígena, avalada el 18 de agosto por el Congreso de Hidalgo, y lo remitió al Poder Judicial de la Federación.
A través del juicio ciudadano 059-2023, Arturo Copca Becerra y Saul Marín Lugo, en su calidad de indígenas, impugnaron las presuntas omisiones legislativas en que incurrió el Congreso, por la violación al derecho de consulta indígena respeto de tres decretos emitidos por el Poder Legislativo y su publicación en el Periodo Oficial el Estado de Hidalgo (POEH).
Consideraron que se le debió consultar a la población étnica -como una fase legislativa adicional a la prevista- previo a promulgación de los decretos; ademas, acusaron, los legisladores vulneraron “el principio de progresividad” al no tomar en cuenta lo acordado en las diferentes etapas de la consulta echas a las comunidades indígenas, comenzada en 2022.
Los magistrados determinaron que decretar o no la invalide del decreto conllevaría “realizar un control de constitucionalidad abstracto”, para lo cual no cuenta con atribuciones el TEEH.
No podemos conocer sobre recursos en contra de leyes, en relación con su rango normativo, que emanan de impugnación sobre vicios formales o materiales derivados del proceso de creación de la norma, como en el caso lo aducen los actores”, dijo la presidenta María Amparo Martínez Lechuga.
Juzgando con “perspectiva intercultural”, el TEEH remitió las demandas al juzgado de distrito en turno del circuito correspondiente a Hidalgo para su conocimiento
Asimismo, dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
DatoAcro
-El TEEH ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) responder, a través de un acuerdo, a la consulta del panista Erik Marte Villanueva, quien pidió conocer los efectos y alcances de estar inscrito en el registro nacional de persona sancionadas por cometer violencia política de género.
-Ellos, pues la primera respuesta que obtuvo provino de la presidencia y no cumplen con el principio de exhaustividad porque no se abordaron adecuadamente los casos planteados por el político de Zimapán.
Editor general, reportero
