El titular de la Secretaría de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, informó que diez ayuntamientos han presentado 16 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) contra las anteriores administraciones debido a irregularidades detectas en obras públicas por 118 millones de pesos.
En septiembre y octubre de 2024, se presentaron 16 denuncias en la Procuraduría, relacionadas con la mala ejecución de la obra pública en 10 Municipios, principalmente por obras carreteras y de infraestructura hídrico”, dijo durante su comparencia en el Congreso local, como parte del segundo informe de gobierno.
Además, afirmó que colaboran con otros 10 municipios en la integración de sus investigaciones para presentar más denuncias, lo que representa que el 24 por ciento de los ayuntamientos de la entidad presentan problemas con su proceso de entrega-recepción.
En conferencia de prensa posterior, indicó no poder revelar el nombre de los municipios involucrados en las denuncias penales, únicamente confirmó, a pregunta concreta sobre una obra con irregularidades, que un caso se trata de Acaxochitlán.
Cuando un municipios ve que hay obras que le están entregando pendientes, lo primero que hacen es llamar a la Contraloría para que vaya el laboratorio y verifique junto con ellos el estado en que se encuentra la obra, y en ese momento, en caso de que este mal, irregulares y la constructora no quiere responder es cuando se inician las denuncias”, expuso.
El funcionario estatal indicó que en algunos cosas las carpetas de investigación son presentadas por los municipios y en otros por los propios municipios.
Recordó que además existe dos denuncias por entrega de bonos irregulares en las pasadas administraciones y una por la contratación indebida por un despacho que terminó “haciendo nada”.
DENUNCIAS Y RECUPRECIÓ DE LA ESTAFA
Sobre la llamada Estafa Siniestra, el contralor estatal afirmó que se han recuperado 194 millones de pesos y cinco inmuebles, además de 59 millones de pesos, previo a la llega del actual gobierno, de un concepto distinto al desvió del “gasto extraordinario” detectado a finales de 2022.
Estas cifras obedecen a distintos momentos y a distintos resultados de auditoría. Lo que sí les puede decir son 253 millones 852 mil 293 el total de lo que se ha recuperado de dinero en efectivo. De eso lo podemos nosotros dividir en distintos momentos: lo que se recuperó de presidencias municipales en tres momentos distintos, una semana previa a la que nosotros llegáramos, lo que fue posterior a que nosotros entráramos en funciones”, dijo.
La mayor cantidad, indicó, se recuperaron en 2022, correspondiente a 102 millones de pesos.
Ello apenas representa 8.8 por ciento de los más de 2 mil 200 millones de pesos detectados en la Estafa Siniestra.
Indicó que en dos años de gobierno se presentaron 71 denuncias penales ante la PGJH, 42 de ellas por desvíos de recursos extraordinarios, a través de ese mecanismo, contra proveedores y exfuncionarios de siete dependencias, tres organismos y diez municipios.
En conferencia, precisó que contra las empresas que fungieron para la supuesta proveeduría suman 15 carpetas de investigación dentro de la Estafa Siniestra. Sin embargo, dijo que con las empresas no han obtenido recuperación de recursos.
De las otras 29 denuncias señaló que por son por delitos diversos; entre los más recurrentes, peculado, negociaciones indebidas y desvío de recursos públicos.
Entre estos casos, ejemplificó, se encuentran una contra alguien que se ostentaba como director general de una secretaría sin serlo, así como por estar en dos nóminas (de confianza y honorarios) dejando de hacer sus responsabilidades.
Agregó que se emitieron 152 resoluciones sancionatorias y se investigan responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción, por lo que se iniciaron 29 procedimientos de responsabilidad administrativa remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa y se encuentran inscritas 411 sanciones en el Registro de Servidores Sancionados.
Agregó que en contra funcionarios de esta administración se iniciaron cinco informe de presunta responsabilidad administrativa y se presentaron denuncias penales contra tres servidores públicos que ostentaban cargos de nivel director General y contralores en la presente administración, “con detenciones por el delito de incumplimiento de un deber legal y usurpación de funciones”.
Podría citarte el caso de que alguien entregó apoyos económicos y no hizo las recuperaciones efectivas del dinero”, expuso en conferencia.
Sostuvo que “en la lucha contra la corrupción” se revisaron mil 73 expedientes para investigar y sancionar a licitantes, proveedores y contratistas, lo que resultó en la baja de 455 proveedores y 480 contratistas, además de la cancelación de 88 registros por un periodo de 5 años. Por ello, actualmente solo hay 567 inscritos.
Cuestionado si la Secretaría de Contraloría revisa el proceso de contratación de obras con montos como el del domo de la feria, que costó 78 millones 575 mil 795 pesos; la remodelación de la plaza Juárez, por 25 millones 185 mil 658.49 pesos, y el remozamiento del palacio de gobierno, por más de 40 millones de pesos, el funcionario indicó que su dependencia debe verificarlas y avalarlas.
Todavía son acciones que no tenemos terminadas, sí hemos hecho investigaciones correspondientes, las investigaciones que corresponden a las etapas”, dijo.
No obstante, sostuvo que en este momento su dependencia no tiene detectada una “situación” con esas tres obras “emblemáticas” ni en los montos erogados.
“Para tener una evaluación final necesitaríamos tener las obras terminadas en cuanto a su inspección”, dijo.
Editor general, reportero
