El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Salvador Cruz Neri, sostuvo la inexistencia de autogobierno en alguno de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad y presumió el mejoramiento de las condiciones de atención médica, servicios básicos y espacios para los internos, pese a ser las principales deficiencias identificadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
Tras la presentación del Informe Anual de Centros de Reinserción Social Hidalgo 2024 por parte del ente autónomo, que señala el hacinamiento en los centros penitenciarios, el funcionario reconoció que persiste la sobrepoblación como una situación que encontraron al llegar al gobierno.
Estamos trabajando en ello, se han construido unos módulos aquí en el Cereso de Pachuca y está construyendo otro en Tula para abatir esa problemática que tenemos el uso de penitenciarios”, aseguró.
Indicó que registran un déficit importante de custodios en los Ceresos, en lo cual -dijo- trabajan para reforzarlo.
Aunque reiteró que el hacinamiento es un problema que pasa en los centros penitenciarios de la entidad, Cruz Neri aseveró que esto no implica que se desarrollen al interior actividades de autogobierno; es decir, que las Personas Privadas de Libertad (PPL) hagan roles o actividades de las autoridades.
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que los Ceresos de la Huasteca hidalguense, Jacala, Tulancingo y Actopan tienen practicas de autogobierno o cogobierno, señalamiento que el funcionario calificó como.
No, eso es mentira, la verdad es que hemos ido a cualquier Cereso, a fin de año fuimos al Cereso de Tula, antes aquí al de Pachuca, el de Tulancingo, en ningún Cereso, hay un autogobierno, se lo puedo garantizar. Cuando gusten, pueden ver este hemos seguido acompañando siempre con Derechos Humanos del estado, con la parte de gobierno con Derechos Humanos, nos han acompañado en los recorridos, no hay ningún autogobierno”, aseguró.
No obstante, se le cuestionó sobre la disparidad de lo que menciona la CNDH y lo que él asegura no sucede dentro de los centros penitenciarios, para lo cual se limitó a manifestar que habrá que analizar los puntos que menciona el órgano nacional para que se den cuenta a que refieren exactamente.
En cuanto a la alimentación, servicio médico y atención a grupos vulnerables en los penales, el titular de la SSPH aseveró que son “de calidad”, a lo que se suma tareas de prevención médicas, como las pruebas a mujeres para detección de cáncer.
CDHEH SEÑALA DEFICIENCIAS
El diagnóstico penitenciario de la CDHEH indica que hay deficiencias significativas en infraestructura, especialmente en áreas de dormitorios, sanitarios y espacios recreativos, pues sólo el 60 por ciento de los centros cuentan con sanitarios y regaderas en condiciones adecuadas, mientras que en el resto se reportan problemas de mantenimiento, fugas de agua y falta de limpieza.
En cuestiones de salud integral, existen consultorios médicos en la mayoría de los Ceresos, pero se tienen deficiencias críticas en la atención médica integral, como falta de medicamentos básicos en centros como Tula, Actopan y Tenango de Doria, lo que limita el acceso efectivo a la salud y pone en riesgo la vida de las PPL que padecen enfermedades crónicas o agudas.
Además, la atención a la salud mental es una de las áreas más desatendidas, pues el 60 por ciento de los centros carecen de áreas de psicología y personal capacitado para brindar terapias individuales o grupales.
En materia de mujeres en reclusión, también advierte que el 80 por ciento de los centros cuentan con áreas femeniles diferenciadas, pero en centros como Ixmiquilpan y Actopan la separación con hombres y mujeres no es total, lo cual representa un riesgo para su seguridad e dignidad.
Se suma que las mujeres no cuentan con servicios diferenciados que respondan a sus necesidades específicas, como atención médica ginecológica, programas recreativos y espacios adecuados para el cuidado de sus hijos, pues no poseen ludotecas y programas de atención integral vulnera los derechos de los niños que conviven con sus madres en prisión y afecta el bienestar emocional de ellas.
