El amparo que promovió Manuel Hernández Badillo, presidente municipal de Tula, para evitar ser detenido, luego de haber sido denunciado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos, fue sobreseído, debido a que las autoridades señaladas como responsables negaron que haber girado una orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con información del expediente 798/2023, promovido el 19 de mayo pasado (un día después de haber sido denunciado), el alcalde perredista solicitó la protección de la autoridad judicial federal contra actos los jueces de control de los circuitos judiciales de Pachuca y Tula, así como contra el secretario de Seguridad Pública de Pachuca. No obstante, las tres instancias negaron los actos reclamados. Por lo que fue desechado el recurso.
El 18 de mayo pasado, la ASEH presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH) en contra de Hernández Badillo, por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos, por la cantidad de 60 millones 579 mil 460.94 pesos.
Días antes, el auditor Jorge Valverde Islas había informado que preparaban dos denuncias en contra de los gobiernos municipales de Tula y Huautla, este último por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos públicos denominado Estafa Siniestra.
Valverde Islas adelantó que en el caso de Tula es relacionado a las observaciones que tuvo el municipio corresponden a la cuenta pública 2021 por 59 millones 900 mil 139.14 pesos, los cuales corresponden a la atención y otorgamientos de apoyos por la inundación de septiembre de ese año, así como otros recursos extraordinarios.
Entre las observaciones al municipio están el pago de servicios de jardinería y fumigación sin documentación justificativa por 37 millones 502 mil 678.20 pesos; la omisión de entregar documentos que justifiquen la entrega de alimentos, medicinas, suministros médicos, lavandería, jardinería y fumigación y productos textiles por 21 millones 322 mil 863.04, y pagos improcedentes por un millón 74 mil 497.90 pesos por la adquisición de colchones que no cumplieron con la calidad y características contratadas, los cuales fueron quemados por damnificados frente a la presidencia municipal, según el reporte de la ASEH.
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