Tras los señalamientos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (Sutupot) de un procedimiento viciado en la baja del docente Ángel Ramírez Montiel, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Gobierno de Hidalgo, Daniel Fragoso Torres, aseveró que el proceso de remoción se realizó conforme las normas administrativas.
El funcionario estatal calificó como “enérgica” la postura de la organización sindical contra la determinación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).
El funcionario estatal aseguró que no se violentaron los derechos del académico de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UTP).
El procedimiento que se llevó fue conforme a como lo dictan las normas administrativas, no se violentó en ningún momento los derechos o las garantías que tiene el imputado”, sostuvo Fragoso Torres.
Agregó que el docente de la UPT participó dentro de las indagatorias que realizó el comité; junto con la entrevista que le practicaron, también aplicaron a una serie de alumnos.
Añadió que antes de emitir el comunicado que anunció la destitución del docente tras el incidente con un alumno que lo golpeó, quien señaló al maestro de acoso escolar, las autoridades educativas se reunieron con los miembros del sindicato para informarles.
De hecho, nosotros platicamos con ellos y manifestaron la posibilidad de pedir una revisión del procedimiento, cosa que están en su derecho”, recordó el funcionario.
En todo caso, puntualizó el subsecretario, será la propia universidad quien responda al sindicato.
Agregó que la parte inconforme tiene un periodo de un par de días para su derecho de petición en busca de revertir el procedimiento que dio de baja definitiva del docente, por lo cual se revisará el caso de ser necesario, recalcó.
Pese a que el maestro es sindicalizado, refirió que no será reubicado en otra institución de nivel superior perteneciente al gobierno de Hidalgo.
“Yo no tengo el gusto de conocerlo (al docente), pues no sé si vaya a tocar otra puerta de otra institución, pues no, no lo sé, pero no, nosotros no tendríamos por qué recomendarlo”, subrayó Fragoso Torres.
Una de los reproches que hizo sindicato a la resolución del CEPCI es que el académico de la UPT no contaba con un asesor legal durante las entrevistas, por lo que se vulneró su derecho a una defensa adecuada.
Al respecto, el subsecretario aseguró que no era necesario que contara con una defensa en ese procedimiento, pues es de carácter administrativo, no un proceso legal.
Por el caso, existe una denuncia penal presentada por el alumno contra el docente y viceversa.
Reportero
