El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Francisco Ángel Fernández Hasbun, confirmó que el regidor de Actopan Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, detenido el pasado jueves homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, portaba arma de fuego al momento de su detención, además de que calificó los ilícitos que se le imputan como de “alto impacto”.
En su comparecencia ante diputados de la LXVI Legislatura local por el tercer informe de gobierno de mandatario Julio Menchaca Salazar, sostuvo que la aprehensión del asambleísta, vinculado con un linchamiento ocurrido el 13 de octubre, con saldo una persona fallecida y tres más lesionadas, no responde a intereses políticos, sino de procuración de justicia.
El diputado Avelino Tovar Iglesias, líder de la bancada y dirigente del Verde Ecologista de México (PVEM), cuestionó al funcionario respecto a la conducción del proceso contra el edil emanado de su instituto político, ante la duda sobre su responsabilidad.
¿Cómo garantiza la procuraduría que esta investigación se esté conduciendo con absoluta imparcialidad, tomando en cuenta los testimonios que afirman que el regidor no estaba en el sitio del linchamiento? (…) ¿Puede informa si los agentes que ejecutaron la orden de aprehensión actuaron conforme al protocolo, si hubo registro audiovisual y si hubo o no uso excesivo de la fuerza?”, planteó el legislador al funcionario.
En su respuesta, Fernández Hasbun dijo que por motivo de la investigación acotaría su respuesta, y señaló que mañana se determinará su situación legal: si se le vincula o no a proceso o no por los delitos de homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio.
“Él (Omar Ramírez) está imputado por dos delitos de alto impacto. Me reservo cuáles son esos delitos, el día de su detención estaba armado”, acotó.
Sobre el cuestionamiento del actuar de los elementos de la Policía de Investigación, no hizo referencia respecto a si se apegaron o no a protocolo.
Al tener de nueva cuenta la voz, el legislador dijo que reprueba el uso de la violencia, como ocurrió en el linchamiento en Actopan, pero señaló que es una respuesta ante el hartazgo de la ciudadanía por la inseguridad en el municipio.
Además, dijo confiar en la acción de la PGJH para que se conduzca con apego a la imparcialidad y conforme derecho.
En tanto, Fernández Hasbun dijo que él en particular no tiene ningún interés político contra el regidor ni de nadie, y sostuvo que su papel es procurar justicia, ver carpetas de investigación, los delitos, pero no cuestiones políticas.
Quiero ser bien específico y te lo quiero dejar claro, diputado, a ti y a todo el estado de Hidalgo: cuando nosotros judicializamos una carpeta, no lo vemos con un tinte político, lo vemos con un tinte de procuración de justicia, siempre va a ser así”, expuso.
ESTAFA SINIESTRA
Sobre el estatus del excontralor de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses, César Román Mora Velázquez, presunto artífice de la red de corrupción denominada Estafa siniestra, señaló que sigue pendiente la aclaración de su condición migratoria en Estados Unidos, y esperan que regrese a México a “darle la cara a la justicia”.
En el caso de la extitular de la Secretaría de Finanzas Delia Jessica Blancas Hidalgo, expuso que a la fecha no hay alguna denuncia presentada ante la PGJH en su contra, aunque no precisó si solo se refería a ese esquema de desvío de recursos.
Cuestionado por el diputado priista Marco Antonio Mendoza Bustamante por la “lentitud” con la cual avanza la investigación del maxiproceso, el encargado de la PGJH señaló que no es una cuestión atribuible a su dependencia, sino a la información no dada por otros entes para continuar con las pesquisas.
“No es que nos tardemos, les comentó, les voy a poner un ejemplo, nosotros tuvimos que solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria, había un retraso de la información de más de seis meses; su servidor fue a hacer una gestión personalmente ante la vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria para tratar de agilizar esa información”, mencionó.
Agregó que la PGJH busca que las carpetas de investigación lleguen lo más robustas posibles ante los juzgados.
No es que nos tardemos, a mí lo que me interesa es la efectividad”, apuntó.
En la comparecencia, se informó 40 exfuncionarios han sido vinculados a proceso por corrupción: siete exalcaldes, 10 exfuncionarios estatales y 23 exservidores municipales.
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-Durante su comparecencia, el encargado presentó un video en el que se informa de la desarticulación de 21 células delictivas, así como la detención de objetivos prioritarios como el H, que operaba en la región de Tula de Allende; el Chino Mayoreo, en la región del Valle del Mezquital; el Mamey, con actividades delictivas en diferentes zonas de Hidalgo; un líder de Guerreros Unidos; el Rancho; el William; el Bola Ocho, líder de Los Pepes, y el Zero, entre otros.
-En conferencia de prensa posterior, el encargado de la PGJH rechazó precisar cuántos objetivos criminales están pendientes de su detención, así como a qué bandas pertenecen.