Las diputadas Tania Eréndira Meza Escorza y Diana Rangel Zúñiga presentaron una propuesta para establecer indicadores que midan el impacto de la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a las medidas de aplicación de justicia a esos casos, la eficiencia de las políticas y mecanismos para erradicarla, además de contar con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC) para el seguimiento, evaluación y planteamiento de observaciones sobre las mismas.
La propuesta presentada en el pleno del Congreso local busca reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, para generar una intervención más eficaz en los resultados de lo que se mide y cómo se mide esa problemática para prevenirla, atenderla y sancionarla dentro de la administración pública estatal y municipal.
Construir indicadores desde la perspectiva de género constituye una herramienta que permite la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; a su vez, permite ser un enfoque estratégico que pueden implementar la administración pública, para actuar en aras de eliminar las brechas de género y el acceso a la justicia”, refiere la propuesta.
Dentro de su intervención en el pleno, Meza Escorza señaló que no se necesita que los indicadores digan cuántas mujeres recibieron capacitación o que los hombres generadores de violencia fueron a un taller en el que no se sabe qué aprendieron.
“Necesitamos indicadores que nos digan la verdad sobre los resultados del combate a la violencia por género, necesitamos indicadores que nos muestren si las mujeres encuentran protección cuando huyen, si las denuncias se convierten en sentencias, si las calles son más seguras hoy que ayer”, manifestó la legisladora.
La propuesta establece reformar el artículo 36 de la ley para que en el Plan Estatal de Desarrollo, en el apartado 8, se adhiera la garantía de mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan la investigación y elaboración de diagnósticos cualitativos y cuantitativos con enfoque sobre causas, frecuencia y consecuencias, y se derive en indicadores de medición del impacto de la violencia contra las mujeres.
Esto implica, a su vez, evaluar, recopilar y dar seguimiento a la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia.
En el artículo 41, conmina a la Secretaría de Gobierno a implementar indicadores que permitan medir y evaluar la eficacia de los planes y programas, así como dar seguimiento a la política de género.
Además, la iniciativa señala que la dependencia deberá “fomentará la colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de dar seguimiento a dichos indicadores, permitir su revisión y, en su caso, formular observaciones pertinentes”.
En el artículo 46 se vincula a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) a medir las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la procuración de justicia, además de capacitar a su personal, así como de las instancias gubernamentales de los gobierno estatal y municipales.
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-La propuesta también establece el seguimiento, vigilancia y medición de los indicadores sobre la capacitación del personal en perspectiva de género y la aplicación de los mismos con respeto a los derechos humanos.

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