Como medida de seguridad y prevención ante el delito de abuso sexual y otros de esa índole, diputadas locales propusieron la creación de Registro Estatal de Personas Sentenciadas por Delitos Sexuales, el cual no sería para consulta general ni abierto a todo el público, además de la expedición de un certificado de no inscripción en este padrón para quienes tengan un trabajo que se vincule con infancias y adolescencias.
En sesión de este jueves, las legisladoras de Nueva Alianza Hidalgo Mónica Leanett Reyes Martínez y Juana Olivia Alarcón Rivera, así como el morenista Andrés Velázquez Vázquez, suscribieron la iniciativa de reforma a las leyes de Seguridad Pública y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ambas para el estado de Hidalgo, ante la alta incidencia de ese delito, argumentaron.
De acuerdo con la exposición de motivos, muchos de los delitos contra la libertad sexual en la entidad se comenten en agravio de personas menores de edad. Hasta noviembre de 2024, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PJGH) inició mil 975 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos, lo que equivale a entre 5 y 6 incidencias por día.
El más frecuente fue el abuso sexual, con 632 carpetas iniciadas, el cual comprende conductas de índole sexual sin consentimiento, que no necesariamente llegan a la cópula y con frecuencia las víctimas son niñas, niños o adolescentes en entornos de confianza, señala.
El segundo tipo delictivo más denunciado en esa categoría fue la violación sexual simple, con 477 carpetas iniciadas, seguidor por la violación equipada, con 392 carpetas iniciadas; hostigamiento sexual, con 166, y otros delitos sexuales, como corrupción de menores, incesto u otros tipificados en la legislación local, con 306 casos.
“Estadísticas oficiales revelan que Hidalgo ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en incidencia de delitos sexuales, particularmente en violación”, señala la propuesta.
Reyes Martínez, quien presentó la iniciativa a nombre de quienes la suscriben, dijo que es necesario que se refuerce el marco jurídico para defender a los menores contra este tipo de delitos, que tienen efectos adversos de largo alcance y difíciles de superar, agregó.
Señaló que el Registro Estatal de Personas Sentenciadas por Delitos Sexuales es una medida orientada a prevenir la reincidencia y evitar que quienes han cometido este tipo de conductas contra la niñez puedan ocultar sus antecedentes al buscar trabajar o interactuar con menores de edad.
“Se trata de una respuesta institucional que complementa la labor judicial, sanción de los culpables, con la labor preventiva, protección de posibles víctimas futuras”, añadió.
Recalcó que el registro no sería de acceso público general, sino de uso restringido para fines de seguridad y prevención, cuya información sería confidencial para ser consultada por autoridades autorizadas en el ejercicio de sus funciones, asentado en el artículo 133 de la Ley de Seguridad Pública bajo resguardo de la Dirección General de Estadística.
En tanto, en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la creación del artículo 48 Bis, se prevé que a petición de la parte interesada se expidan certificados de no inscripción a ese padrón, con el propósito principal de que instancias de cuidado infantil, asociaciones, empleadores u otras personas físicas o morales que trabajan con la niñez verifiquen que sus colaboradores no tengan antecedentes por delitos sexuales. La expedición de dicho documento también lo haría la Dirección General de Estadística.
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