Proponen 30 diputados duplicar las penas por maltrato animal; PGJH judicializa 35 casos

Los 30 diputados del Congreso local propusieron elevar las penas desde uno hasta cuatro años de prisión por maltrato animal y de dos a seis años si ello es causa de muerte, a través de una reforma al Código Penal para el Estadio Hidalgo.

En sesión ordinaria, los representantes populares de todas las diversas fuerzas políticas suscribieron la iniciativa para modificar el capítulo III TER, en el apartado de Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales, para agravar las penalidades corporales y económicas para quienes cometan actos de crueldad u abandono contra especímenes domésticos o ferales.

De acuerdo con la propuesta presentada por la diputada Tania Meza Escorza, en la entidad existe la Ley para la Protección y Trato Digno de los Animales del Estado de Hidalgo para brindar resguardo a los ejemplares de compañía y silvestre. Esa legislación busca brindar de las cinco libertades a todos los animales: libres de sed, de hambre, desnutrición, miedos y angustia; asimismo, velar para que no sufran por condiciones físicas, térmicas, de lesiones o enfermedades que pongan en riesgo su integridad.

No obstante, se considera necesario incrementar las penas para aquellos infractores que vulneren las garantías en favor de los animales

El objetivo de una punibilidad eficaz es evitar la reincidencia del agresor y disuadir la comisión de nuevos delitos por parte de posibles maltratadores”, expuso en tribuna.

De acuerdo con la propuesta, la cual -dijo- la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo apoyo para su elaboración, se estima que siete de cada 10 animales domésticos sufren algún tipo de maltrato en México, además de que 70 por ciento de los perros y más del 60 por ciento de los gatos se encuentran en situación de abandono en las calles.

Aunque en Hidalgo hay leyes que tipifican el maltrato animal y la cifra de adopciones aumentó de 8 a 11 por ciento, animalistas, activistas, rescatistas, refugios y colectivos consideran urgente endurecer los castigos, capacitación y sensibilización de servidores públicos sobre el tema, así como fomentar políticas para inculcar la cultura de respeto y cuidado a los animales, pues este tipo de agresiones es el primer nivel en la escala de violencia social, añade la propuesta.

La reforma plantea establecer en el artículo 349 del Código Penal estatal que aquel que cause lesiones a animales domésticos y ferales se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y multas de 50 a 100 veces el valor de la Unidad y Medida de Actualización (UMA). Actualmente, las penas por ese delito van de seis meses a dos años y de 25 a 50 veces el valor de la UMA.

De igual forma, se propone duplicar las penas de cárcel si las lesiones causan la muerte del animal, por lo que en vez de uno a cuatro años se impondrían de dos a seis años de prisión; además, pasaría de 50 a 200 veces la UMA al rango de 100 a 300 veces la UMA.

La iniciativa también añade el artículo 349 Decies para establecer que “cuando concurran dos o más circunstancias contempladas en el artículo anterior, se le aumentará el triple de la punibilidad prevista”.

JUDICIALIZAN 35 CASO DE MALTRATO ANIMAL

Tras la presentación de la iniciativa, la titular de la Unidad Especializada en Delitos contra Animales de la PGJH, Ana Lilia Martínez Hernández, dijo no contar con cifras concretas de denuncias que se encuentran en investigación por hechos de maltrato animal, pero indicó que ya judicializaron 35 casos; de ellos, cuatro ya causaron sentencia ejecutoria con prisión para los responsables.

Entre los procesos que lleva ese ente, creador en agosto de 2022, por este delito recordó el del perro bautizado como Jefazo, quien murió tras ser macheteado por el imputado, así como el de un guardia de seguridad del fraccionamiento Provenza que ahorcó a un perro para sacarlo de la zona habitacional.

Aseguró que la propuesta de reforma puede apoyar a la Unidad Especializada en Delitos contra Animales, ya que al aumentar las penas también incrementa la posibilidad de que las personas vinculadas a proceso de ese tipo de ilícitos sean sujetas de prisión preventiva como medida cautelar.

Eso nos ayuda incluso en la (implementación de la) prisión (preventiva), porque con las anteriores aunque nosotros pidamos que vayan a prisión, muchas veces no, cuando no es en el monto (la detención de la persona agresora)”, manifestó.

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