De los 407 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Hidalgo dentro de la Cuenta Pública 2023, alrededor de 45 millones de pesos son motivo de reintegros vinculados a municipios y universidades de la entidad, de lo cuales se prevé la aplicación de responsabilidades administrativas por la irregularidad en los procedimientos para el manejo de los recursos, afirmó el secretario de la Contraloría de la entidad, Álvaro Bardales Ramírez.
La semana pasada, confirmó el funcionario estatal, culminó el periodo que tienen todos los entres fiscalizados para entregar la información que solvente los montos observados en febrero pasado, de la tercera entrega de esa cuenta pública.
Afirmó que los más de 400 millones de pesos señalados a Hidalgo solamente representa una “milésima” parte de lo que se auditó al estado en 2023, por 40 mil millones de pesos.
Sí, dentro de los 407 millones de pesos que pidieron de aclaración, solamente tenemos 40 millones de pesos que está como en riesgo de un reembolso que se tenga que hacer y de un inicio de procedimientos de responsabilidades. Si hay reembolso, va a haber inicio de procedimientos de responsabilidades”, advirtió.
Indicó que cuatro observaciones se ubican en universidades estatales como organismos desconcentrados de la administración pública: la Tecnológica Superior de Huichapan, la Politécnica de Tulancingo, la Politécnica Metropolitana de Hidalgo y la Politécnica de Pachuca (UPP).
Dentro de los entes con aclaraciones por hacer, refirió que también se encuentran municipios a los que la administración estatal ministró recurso federal, sin mencionarse cuáles, y fueron sujetos al programa auditoria colmena efectuado por la ASF.
En el caso de las universidades públicas, hicieron modificaciones en la asignación de salarios; sin embargo, no pasaron por una autorización previa de la federación, añadió.
No puede haber de que se le pague a un trabajador una cantidad sin que la federación lo haya autorizado, aprobado, y en los cuatro casos se prestó en las universidades, se presentó eso, pero ahí sí no había un documento justificativo para el movimiento de salarios”, agregó el funcionario.
Respecto a las presidencias municipales, se les autorizó la entrega de cemento a núcleos vecinales para hacer caminos rurales, pero no se recabó la documentación de soporte correspondiente, lo cual derivó en observaciones de la ASF.
También sentimos nosotros que en esos municipios vamos a tener un cierto problema”, adelantó el contralor.
De los más de 40 millones de pesos que tendrían que devolver, el funcionario estimó que la responsabilidad en las universidades recaería en los rectores o exrectores, como en el caso de la UPP, mientras que en los municipios, sobre quienes aprobaron los recursos y no los comprobaron con la documentación necesaria.
Agregó que las faltas o sanciones las determinará la ASF, así como si hay una falta grave o no o si inicia una denuncia o no. Consideró que el ente que podría intervenir, además del órgano fiscalizador federal, es la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción del gobierno de la república, para determinar inhabilitación de quienes resulten responsables.
Según Bardales Ramírez, la fiscalización federal a Hidalgo sobre el ejercicio fiscal 2023 “quedó muy bien”, pues de las más de 3 mil 100 obras efectuadas por la administración pública estatal, ninguna fue observada, dijo.
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-Bardales Ramírez añadió que se inició una investigación a la gestión del exrector de la UPP Francisco Marroquín Gutiérrez; en tanto, sigue en desarrollo la auditoría en esa casa de estudios, la cual finalizará en mayo y que provino de la inconformidad de alumnos que exigieron cuentas, y derivó en la renuncia del funcionario el 14 de febrero pasado.
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