Mas allá de las posturas política partidistas en relación con la reforma electoral, debe prevalecer una postura de diálogo al interior de las instituciones electorales, porque la fortaleza de nuestro sistema electoral esta en todas las personas comprometidas con la democracia.
Es decir, con un sistema donde prevalezcan unas elecciones periódicas, libres y competitivas entre quienes aspiran a un cargo de elección popular, y para ello se requiere de todo un entramado institucional que lo garantice.
Los organismos electorales, los tribunales electorales, los partidos políticos, así como la misma ciudadanía, son piezas clave del diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano, que ha permitido la renovación pacífica y periódica de los poderes a través del voto libre y secreto.
Por ello, no debemos perder nuestra vocación democrática de contribuir a mantener y fortalecer la independencia, la objetividad, la autonomía, la legalidad, la certeza y la máxima publicidad de los organismos electorales.
Se debe fortalecer la armonía y la cohesión en momentos de profunda reflexión, e insistir a través de espacios de deliberación informada sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente.
Sin duda, no solamente tendríamos una reforma que no resuelve la demanda colectiva de fondo, que implicaba fortalecer la participación ciudadana, la reducción de costos y el acceso a los derechos políticos.
De hecho, se quedaron temas en el tintero como la reducción del financiamiento público a los partidos, un punto que se discute reforma tras reforma, considerando que ello implicaría modificar la fórmula constitucional.
Recordando que no importa el número de partidos vigentes, el monto a repartir es el mismo, ya que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos Nacionales se fija anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65 por ciento del valor diario de la UMA.
Tan solo para este año, una vez que se multiplicó el número total de personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral con fecha de corte de 31 de julio de 2022, esto es 94 millones 910 mil 965, por el 65 por ciento del valor diario de la UMA para el mismo año, que equivale a 62.54 pesos, da como resultado el financiamiento público anual por concepto de actividades ordinarias permanentes para 2023 por 5 mil 936 millones 16 mil 484 pesos.
Además, debemos considerar que también hay un financiamiento local, que implica casi la mitad de los recursos de los OPLES.
También queda pendiente contar con un calendario electoral único en el país, que implicaría que, en un solo día, a nivel nacional se tuvieran todas las elecciones, lo que elevaría la participación electoral (cuando hay elecciones concurrentes se eleva la participación), y reduciría el costo de la democracia, porque ya no habría elecciones prácticamente cada año.
Dentro de este calendario nacional único, se deberían integren los procesos de consulta popular y revocación de mandato.
Debemos poner en el centro del debate los derechos políticos de la ciudadanía.
*Alfredo Alcalá, Consejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
Editor general, reportero
