La reforma a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en Hidalgo no pasará la pleno en esta legislatura local, ante la inconformidad de integrantes de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos por la falta de garantías y consulta final en su elaboración.
Tras haberla retirado este año en dos ocasiones de la lista de dictámenes que serían votados por los legisladores estatales el 18 de abril y el 31 de julio, al advertir a Alejandro Enciso Arellano, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que no estaba socializada con ambos gremios, se determinó que el representante de ese ente dictaminador no convocará a un periodo extraordinario para su aprobación. Con ello, el pendiente será heredado a la LXVI legislatura local.
Sin darle más vuelta al asunto, no le veo disposición, no le veo forma, veo sus preocupaciones (…), yo los respaldo de tal manera, no le veo forma para sacarla”, dijo Enciso Arellano durante el encuentro que sostuvo este martes con integrantes de medios de información, así con activistas a quienes no se les dio aviso de la discusión de la reforma.
Durante el desarrollo del encuentro para socializar la reforma, en el que estuvo presente Roberto Rico Ruiz, diputado suplente y promotor de la reforma, el expriista expuso los motivos de la iniciativa y, a su juicio, la importancia de aprobarla sin modificaciones dentro de los 22 días que restan a la LXV Legislatura y “no echar a perder” el trabajo de “varios años”.
Ya no hay tiempo para otra sesión en comisiones y poder modificar cosas, yo les ofrezco aprobarla como está”, manifestó el diputado como primera opción o, en su caso, vincularla con el próximo presidente de la Junta de Gobierno, el morenista Andrés Velázquez Vázquez.
Por su parte, Rico Ruiz, quien organizó foros para la adecuación de la norma, aseveró que en este momento hay “condiciones” para poner en marcha el mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, tras 12 años de que se aprobó la ley, la cual calificó como “un elefante blanco” por una omisión por los responsable del Poder Ejecutivos del estado: José Francisco Olvera Ruiz, Omar Fayad Meneses y en la actual mandatario, Julio Ramón Menchaca Salazar.
Si existe voluntad de todas las partes, yo creo que existen condiciones para lograrlo”, manifestó.
Posteriormente a la justificación de los promoventes de la reforma, se dio espacio a los representantes de los medios de comunicación y activistas, quienes emitieron posturas contrarias y de preocupación por el documento que Enciso Arellano pretendía subir al pleno sin una consulta por parte de los gremios implicadas.
Entre los puntos de desacuerdo con la propuesta se encuentran la sobrerrepresentación de autoridades estatales sobre las del gremio periodístico y de los activistas defensores de los derechos humanos, a través del Consejo Consultivo, en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, planteada con 14 miembros (la mayoría funcionarios).
Cómo es posible que haya siete representantes del gobierno y sólo dos medios de comunicación, dos activistas de derechos humanos, estos tres que se agregaron (de organizaciones); sin embargo, sigue siendo el grupo de periodistas quienes estamos más vulnerables, los más desprotegidos, y que, o sea, son juez y parte (los funcionarios)”, refirió Bertha Alfaro, corresponsal de Televisa.
Por su parte, la activista Adriana Patlán además de exponer el reproche por la falta de convocatoria a los defensores y activistas, mostró preocupación de que “los propios personajes” que agreden al gremio “desde el gobierno estén sobrerrepresentados”; además, acusó que a dos años del intento de reforma los legisladores siguen sin mostrarles la ley ni el resultados de los foros que se emplearon para elaborar la reforma.
Agregó la desconfianza de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) se encuentre en la estructura de la Junta de Gobierno del mecanismo, pues acusó que el ente, que preside Ana Parra Bonilla, está “alienado” al gobierno estatal.
Ahora forma parte justamente del gobierno del estado y a quien le dice las cosas que nosotras hacemos, ahora son las soplonas y orejas de gobierno del estado”, acentuó la activista feminista.
Otro punto que se pidió retirar de la reforma, una petición que surgió desde el comienzo de los foros y no fue tomada en cuenta, es la presencia del Coordinación General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo dentro de la conformación de la Junta de Gobierno para la aplicación del mecanismo, ya que no representa al gremio.
No tiene nada que hacer el representante de Comunicación Social, no funge como una figura de protección”, manifestó Gerardo Ávila editor general y reporte de Acrópolis Noticias, tras reiterar que no tiene un vínculo con el gremio ni con los defensores de derechos humanos.
En otro caso, Marisol Flores, de Effetá, recalcó que una de sus preocupaciones se basa en el modo en que se debe de elegir a los siete integrantes del Consejo Consultivo de este órgano de gobierno, para que no lleguen personajes que puedan hacer mal empleo de las representaciones y verdaderamente velen por los intereses de ambos grupos.
Rafael Castelán, fundador de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac) y activista, también acusó la falta de presentaciones de los resultados de las mesas técnicas. Además, ante el dicho de Rico Ruiz de que con la reforma y el mecanismo de protección los activistas y periodistas tendría una Comisión Ejecutiva como la de Atención a Víctimas, reflexionó que ese ente existe pero no funciona, aunado a que el fondo económico de la misma no opera.
Entonces no puede seguir el mismo camino”, recalcó.
Por su parte, Jorge Martínez, director editorial de El Universal Hidalgo, refirió que la insistencia de aprobar una ley sin previa consulta y con las observaciones hechas y no atendidas es “como estar tratando de darle vida a algo muerto”. Pidió al promovente aterrizarla “mejor”, mesura y no buscar perjudicar al gremio y a los activistas con una “aprobación apresurada”.
No hay prisas”, recalcó en el sentido de realizar una reforma seria y bien estructurada.
Ante los argumentos en contra de la reforma, Enciso Arellano desistió de llamar a un periodo extraordinario para su votación en el pleno y dijo que pasarán el tema a la siguiente legislatura.
Yo pensaba que algunas partes sí eran para su beneficio, pero veo que no le ven ahí una parte objetiva. Tienen razón, no hay urgencia, estamos por iniciar una nueva legislatura (…). Siguiendo sus recomendaciones, sus comentarios, no veo viable el poder aprobar esta ley en tanto ustedes no se sientan parte, donde ustedes se sientan representados, ese es el objetivo”, dijo.
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