La Comisión de Derechos Humanos de Estado de Hidalgo (CDHEH) inició la queja de oficio CDHEH-VG-235-25 por el feminicidio de Rosaura, joven asesinada por su expareja, un expolicía de Mineral de la Reforma, e indaga probables violaciones en la actuación de cinco instituciones relacionadas al caso, informó la presidenta del organismo, Ana Karen Parra Bonilla.
En entrevista tras la presentación de un protocolo de actuación de policías en materia de migración, la ombudsperson fue cuestionada por la falta de pronunciamiento de la comisión, a siete días del multihomicidio en la localidad de Azoyatla, sobre los señalamiento de que los entes gubernamentales no protegieron a la víctima de su presunto victimario, contra quien había dos causas penales por violencia familiar.
Parra Bonilla indicó que en este momento no podría pronunciarse sobre si el actuar de las autoridades fue correcto o incorrecto o “si alguien tiene culpa”, pues se encuentran en investigación. Incluso, dijo que emitir una opinión sería “irresponsable” sin tener claro el proceder de las instituciones implicadas.
Lamentamos mucho la situación que están viviendo, que lamentamos muchísimos las declaraciones, pero que también sabemos que es necesario que podamos investigar todas las actuaciones”, sostuvo.
Afirmó que han solicitado reportes del caso a autoridades y a establecimientos no implicados, pero que le pueden dar información a la CDHEH.
Cuestionada si las institución fallaron en el caso como Estado, Parra Bonilla dijo que catalogar si alguien lo hizo se da cuando se hace una investigaciones y se tienen todos elementos; de lo contrario, insistió, realizaría un “prejuicio” que no “abona” a la defensa de las personas asesinadas.
Tenemos esta posibilidad de decir que el Estado es población, instituciones y territorio, y cuando hablamos de que el Estado falló, entonces qué está fallando (…) Una postura de decir quién falló o quién no falló es algo bastante complicado, tendríamos que analizar cual es la situación y por qué nuestros tejidos sociales están desde esa perspectiva”, añadió.
La ombudsperson aseguró que el motivo del inicio de la queja de oficio fueron las declaraciones que emitieron algunas instituciones, las cuales rechazó nombrar por el sigilo de la investigación, aseveró.
Entre las autoridades que han emitido declaraciones sobre el caso se encuentran la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, misma que justició el actuar de la jueza que liberó bajo suspensión del proceso Marco Antonio M.G., quien a la postre mató a Rosaura y a dos familiares más; el gobernador Julio Menchaca Salazar, que consideró que el Estado no le falló a la víctima, sino su victimario, y el alcalde de Mineral la reforma, Eduardo Medécigo Rubio, quien calificó de “hecho aislado” el multihomicidio ocurrido el 5 de febrero pasado.
No podemos decir algo al aire sin tener los elementos necesario para poder tener claridad de quién es responsable, no la tenemos, no podemos hacer un juicio sin tener las evidencias necesarias. Hay que ser muy precavidos en esas declaraciones, en esos posicionamientos, porque para algo está el sistema jurisdiccional, que es quien hace la investigación y sanciona. Desde la parte no jurisdiccional, nosotros estaremos abonando a ver qué es lo que está haciendo la autoridad para llegar a la verdad y la justicia”, expuso.
La ombudsperson afirmó que en tanto no tenga los informes no puede determinar si la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la policía de Mineral de la Reforma actuaron o no sin perspectivas de género en el caso de Rosaura, luego de que una amiga de la víctima acusó que en varias ocasiones la mujer intentó sin éxito contactar a la primera institución para hacer efectiva la orden de restricción que tenía para su victimario por violencia familiar y complicidad de la corporación municipal para que el expolicía usara uniforme y patrullas para amedrentarla.
Agregó que en este momento indagan a cinco instituciones, pero que sumarían a más si así lo determina las investigaciones.
De ellas, dijo, únicamente dos han contestado los oficios enviado por la CDHEH, aunque sostuvo que las demás están “en plazo” para hacerlo.
La presidenta de la comisión agregó que tiene cuatro meses para concluir la investigación, con posibilidad de ampliar el plazo.
Editor general, reportero
