La diputada de Acción Nacional (PAN) Claudia Lilia Luna Islas lanzó un exhortó a autoridades federales y estatales para mitigar los daños generados por la construcción de la carretera Real del Monte-Huasca y reestablecer el balance ecológico ante la deforestación -dijo- de 25 mil árboles, depósitos irregulares de escombros, contaminación y extracción desmedida de recursos hídricos de la zona.
En sesión de la Diputación Permanente, presentó la propuesta para exigir a Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a su homologa estatal, la Semarntah, a que asuman responsabilidad y atiendan diversas problemáticas causadas por esta obra que, sostuvo, va en detrimento de las comunidades de Mineral del Monte, Huasca de Ocampo y Omitlán de Juárez, por su proximidad.
La exdirigente estatal del PAN afirmó que desde que comenzó la construcción, en 2023, para mejorar la conectividad y desarrollo económico de la región, la misma causó graves impactos ambientales que afectan al ecosistema local, así como a las comunidades que dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia.
Uno de los problemas más alarmantes ha sido la deforestación a lo largo del trayecto de la carretera, las áreas boscosas y vegetación de gran valor ecológico han sido taladas o desplazadas para dar paso a la obra; aproximadamente 25 mil árboles fueron talados, por lo cual se afectó directamente a más de 39 hectáreas de tierra”, aseguró.
Lo anterior, abundó, se tradujo en daño a la biodiversidad, el equilibrio ecológico a la fauna como a flora de la región.
A ello sumó lo que consideró como el inadecuado depósito de los residuos generados de la construcción, realizado de forma indiscriminada, tanto de escombro y materiales provenientes de la excavación, lo que afecta a la calidad del suelo, además de la contaminación de cuerpos de agua cercanos a estos depósitos, junto al bloqueo de cauces naturales, dijo.
Igualmente acusó “saqueo” de agua con la extracción de grandes cantidades de líquido de fuentes cercanas sin un control adecuado, cual ha afectado el suministro para las comunidades y alterado los ecosistemas acuáticos de la zona.
Dijo que se ha creando un desajuste de los recursos hídricos, que anteriormente eran esenciales para la agricultura y el consumo humano, principalmente, en la comunidad de Pueblo Nuevo.
Pese a los esfuerzos por mitigar los impactos con los programas implementados por la SICT, los problemas ambientales persisten, aseguró, pues aunque son orientados a la reestructuración de las áreas afectadas, no frenaron por completo los daños por falta de seguimiento a las normas ambientales, externó.
Refirió que los pobladores se encuentran preocupados por la degradación de su entorno, además de que el retraso de la obra ha “intensificado” el conflicto en la población por el incumplimiento de promesas de compensación y restauración ambiental, sostuvo.
Junto al exhorto, la panista exigió no solo que se cumplan los compromisos ambientales, sino también que se establezca un plan de reforestación efectivo, un manejo adecuado de los recursos hídricos y la creación de un sistema de monitoreo que garantice que la obra no continúe generando daños adicionales.
Estos problemas no solo ponen en riesgo el equilibrio ecológico de la región, sino también la calidad de la vida de las comunidades que dependen de ella. Es urgente que se adopten medidas más eficaces y que lleven a cabo un proceso de consulta y colaboración con las comunidades locales para resolver estos problemas y garantizar que el proyecto se desarrolle de manera sostenible sin sacrificar los recursos naturales y el bienestar de la población”, añadió la diputada.
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