Organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos exigieron al Congreso de Hidalgo frenar la propuesta que busca derogar el delito de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes del Código Penal para el Estado de Hidalgo, pues el criterio de la iniciativa del diputado de Morena José Luis Rodríguez Higareda carece de un análisis profundo ante la realidad de las infancias en México e invisibiliza a los 40 mil niñas, niños y adolescencias bajo riesgo de esa conducta en la entidad, afirmaron.
En un posicionamiento convocado por Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac), al que se sumaron otras organizaciones, reprobaron la iniciativa del representante del distrito de Tula de Allende, quien pidió eliminar los artículos 165 Bis y 165 Ter del Código Penal, con la justificación de que existen duplicidades normativas e intervención en facultades legislativas propias del Congreso de la Unión sobre el reclutamiento a menores por el crimen organizado.
“La iniciativa se presentó bajo el argumento de una ‘armonización legislativa’ para evitar duplicidades con la Ley General en materia de Trata de Personas, en nuestra experiencia consideramos que esta visión carece de un análisis profundo sobre la realidad que enfrentan las infancias en México y en nuestro estado”, señala el documento.
Indicaron que el reclutamiento va más allá de lo que se conoce como delito de trata, al ser una forma autónoma de violencia por la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, que es una violencia más grave y debe ser reconocida legalmente.
Al derogar este delito a nivel local, se invisibiliza una problemática que, según estimaciones de REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México), pone en riesgo a entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en todo el país y aproximadamente 40 mil en Hidalgo”, señaló.
Aparte de la desatención a organismos internacionales, que han pedido al Estado Mexicano para tipificar ese delito, el intento de eliminar ese avance legislativo en el marco legal estatal, señala el mensaje, generaría un vacío y dejaría a las infancias de Hidalgo en una mayor vulnerabilidad, además de debilitar la capacidad de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) para actuar de manera inmediata ante casos de reclutamiento.
Por ello, los promoventes del escrito pidieron frenar el proceso de derogación hasta que no se realice un análisis técnico con expertos en derechos de la infancia y organizaciones de la sociedad civil.
Además, realizar un parlamento abierto para discutir si la armonización legislativa no podría, por el contrario, fortalecer el tipo penal local para hacerlo compatible con la ley federal, sin perder la visibilidad del delito en el estado.
Asimismo, reconocer el reclutamiento de menores como una forma de explotación específica, que requiere mecanismos de prevención y protección diferenciados, más allá de la lógica punitiva de la delincuencia organizada.
La protección de niñas, niños y adolescentes no puede subordinarse a una simplificación administrativa de los códigos penales. Sin tipificación específica, no hay estadística clara; sin estadística, no hay política pública, y sin política pública, no hay justicia”, concluyó el posicionamiento.