La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Karla Perales Arrieta pidió a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia que en la discusión de la propuesta para derogación el tipo penal de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes del Código Penal de Hidalgo se tome en cuenta los análisis de organismos internacionales en la materia que piden al Estado Mexicano criminalizar este tipo de conductas delictivas y no romper con el principio de progresividad de derechos humanos.
No me voy a quedar callada, no voy a acompañar retrocesos y no voy a permitir que se debilite su protección porque para mí la niñez no es negociable”, sostuvo la legisladora local.
Después de que la semana pasada el diputado José Luis Rodríguez Higareda subió una iniciativa para eliminación los artículos 165 Bis y 165 Ter, la presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia volvió a mostrar su rechazo a la misma.
La emecista refutó las justificaciones dadas por el promovente para derogar la tipificación del reclutamiento de menores, al referir que no puede ser un error técnico que exista en la legislación local, pues fue sustentada en 2023 con apoyo de las instituciones mediante mesas de análisis.
Reprochó que ahora se intente señalar que fueron erróneas las opiniones y análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso y la Dirección General de Estudios Legislativos y Consultoría del Poder Ejecutivo de la actual administración morenista.
Lo que se aprobó en 2023 fue una decisión informada, analizada y construida con responsabilidad institucional, y ahora se está diciendo al Poder Judicial, a la Procuraduría, al propio Congreso y, aún más grave, a la Dirección de Estudios Legislativos de su propio Poder Ejecutivo, que su análisis fue incorrecto”, señaló la diputada.
Perales Arrieta consideró que la propuesta de derogación responde a una decisión política que contradice lo que las propias instituciones del Estado ya validaron.
Negó que la iniciativa atienda al principio del interés superior de la niñez, pues no se deben eliminar o acotar herramientas de protección a ese sector, sino ampliarlas, fortalecerlas y garantizarlas.
Por ello, la reforma del morenista es violatoria al principio pro persona por la regresividad en materia de derechos humanos, señaló.
Respecto al argumento de que el Código Penal invade competencias federales en la materia, señaló que no se sostiene, pues la construcción de la actual tipificación responde a cuestiones técnicas y jurídicas para no invadir la materia de trata de personas, corrupción de menores u otros delitos.
Agregó que derogar el delito se traduciría en vacíos legales e indefensión de niños, niños y adolescentes, pues ese ilícito lo tendría que atender la autoridad federal y con ello se pierde la oportunidad de defensa de derechos.
Si ese argumento fuera cierto de invadir competencias, entonces nunca debimos haber aprobado ese tipo penal. Sin embargo, se aprobó con sustento técnico, con opiniones institucionales y con pleno conocimiento del marco constitucional”, sostuvo.
Por ello, pidió a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia que se tome en cuenta el análisis que han enviado organizaciones internacionales especialistas en derechos de niñez y adolescencia para que este Congreso sea un verdadero garante de derechos. Entre esas instituciones señaló al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha recomendado expresamente al Estado mexicano criminalizar de manera explícita esa conducta.