Con más de 600 cuerpos y restos óseos sin identificar y una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “que no funciona” como debe ser, el representante del colectivo Buscar Hasta Encontrarte AC, Oscar Javier Muñoz Aguilar, pidió al gobierno de Hidalgo ponerse a trabajar con ellos en la implementación acciones para la localización de familiares y cercanos que siguen en calidad de desaparecidos.
Mediante un protesta, integrantes de este colectivo y quienes buscan a familiares y amigos desde hace meses o años se concentraron la mañana de ayer en plaza Independencia para emprende una marcha por el primer cuadro de la ciudad de Pachuca y continuar con la exigencia del hallazgo.
De acuerdo con el activista y víctima indirecta, a casi 16 años de la desaparición de su hijo Oscar Javier, en Hidalgo hay más de 2 mil 500 personas desaparecidas, acción que no se erradica, dijo.
Mencionó que existen tres problemas, el primero respecto a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, a la cual piden que dejen de hacer búsquedas individuales y que sean generalizadas, además de centrarse en los casos de larga data; es decir, que llevan años en calidad de desaparecidos, los cuales estimó en mil 500 expedientes.
Está trabajando y está haciendo su trabajando bien, pero le pedimos ese apoyo para nosotros que somos de larga data y que las búsquedas que se hagan, sean generalizadas, que nos inviten a todos a las búsquedas”, pidió el activista.
En el caso de la agrupación que representa, dijo que no son excluidos de los trabajos, pero indicó que se requiere más apoyo.
Añadió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es inoperante desde su acreción, hace más de un año, pues -de acuerdo con Muñoz Aguilar- lo único que ha podido proporcionar a familiares de víctimas y víctimas es atención psicológica, mientras que ese ente se ha alejado de otras formas de apoyo, como el jurídico, acompañamiento y el económico en las acciones de búsqueda que emprenden los activistas.
Lleva un año 8 meses, y a este año 8 meses no hemos podido revisar que alguna persona esté registrada dentro del padrón, que esté registrada dentro del Registro Nacional de Víctimas”, acusó.
Agregó que no existe una legislación en la materia en el ámbito estatal y que las leyes vigentes se hicieron sin el acompañamiento ni socialización de los afectados por la desaparición de personas.
El gobierno no nos ha querido tomar en cuenta y apoyarnos como debe de ser, tenemos ese problema con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, abundó.
El otro problema, el cual calificó como el más grave, es la presencia de 672 cuerpos junto a restos óseos que están en dos contenedores o cajas de tráiler que se ubican en el estacionamiento del Servicio Médico Forense, en Pachuca, los cuales llevan alrededor de cuatro años ahí, dijo.
Por ello, desde el el año pasado solicitan a las autoridades que los restos mortales sean identificados, sin tener respuesta positiva, apuntó.
Consideró que si ya emprenden los métodos de identificación, entonces las autoridades han sido hermética con la información, sobre cómo se realiza la identificación o si se hace o no.
Nosotros estamos en búsqueda de nuestro familiar y en lugar de andar de un lado para otro, posiblemente esté ahí alguno de nuestros familiares, lo que necesitamos es que el gobierno se ponga a trabajar y nos apoye en este sentido, en estas necesidades que tenemos de saber qué es lo que se está haciendo con esos 672 cuerpos óseos que están en la parte de atrás de la Semefo”, exclamó.
Añadió que ocultarles los métodos de identificación también significa revictimización para ellos, por lo que reprochó que mientras en otros estados tienen listados de las identificaciones, en la Hidalgo se carece de ello.
Por lo cual, insistió, se necesita que el gobierno “se ponga a trabajar” con los primeros interesados y familiares de víctimas, por lo que, indicó, las autoridades se deben adopten a sus necesidades y no al revés.
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