Neftalí Reyes Bolaños, padre de Ángel Daniel, menor con Síndrome de Down discriminado en el Centro de Alto Rendimiento en 2018, llamó al Congreso de Hidalgo a legislar en materia de idoneidad para acceder a un cargo público, pues dijo que los antecedentes de violación a derechos humanos deben formar parte de esos criterios, luego del nombramiento de Fátima Baños Pérez, extitular del Deporte en Hidalgo, como titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial de Hidalgo (PJH).
Tras la carta a la opinión pública que emitió el viernes pasado la funcionaria de la pasada administración estatal, quien solicitó licencia provisional al cargo luego de cuestionamientos por su nombramiento, derivado de la recomendación y proceso judicial en su contra por el caso contra el infante, la víctima indirecta dijo que el caso “se convirtió en un espejo de las fallas profundas” del sistema institucional.
Lo que vivió mi hijo —un niño con síndrome de Down discriminado en sus clases de natación en el Instituto Hidalguense del Deporte en 2018, hace ya 8 años— no es una opinión, no es un comentario. Es un hecho jurídicamente reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo 162/2021 y por la Recomendación 81/2020 de la CNDH. El Estado mexicano aceptó que hubo discriminación, violación a derechos humanos y omisión de ajustes razonables”, dijo afuera de palacio de gobierno en un posicionamiento.
Recordó que en la causa penal 225/2020, por el delito de discriminación y discriminación agravada en Hidalgo, el expediente contra Baño Pérez y otros exfuncionarios del Inhide terminó en una salida alterna con suspensión condicionada, lo que implicó el reconocimiento del hecho y así no llegar a un juicio oral.
Afirmó que se cumplió lo ordenado por el juez, pero no la disculpa pública solicitada como víctimas y “una verdadera capacitación en derechos humanos” de los responsables.
Las víctimas nos opusimos a través de recursos de apelación y de amparo, porque de ninguna manera consideramos que fuera una reparación integral”, dijo.
Agregó que otro elemento que preocupa es que recientemente acudió a la Contraloría estatal para conocer el expediente que presenté en 2019 en el órgano interno del control del Inhide (EXP.2019/INHIDE/OIC04), pero le informaron que fue archivado por “falta de elementos probatorios”; sin embargo, afirmó que nunca fue notificado formalmente.
“Eso no es un detalle: es una falla en el debido proceso y en la garantía de audiencia”, dijo.
Reyes Bolaños agregó que el caso revela “deficiencias estructurales” en el sistema, pues se realizan nombramientos “de alto nivel” sin una revisión previa y rigurosa de antecedentes, incluyendo en materia de derechos humanos, de los servidores.
No es posible, que primero se nombre a la persona y, luego tenga que separarse del cargo para acreditar que puede ocuparlo. La idoneidad no se construye después del nombramiento: es un requisito previo”, expresó.
Baños Pérez informó el viernes pasado que pidió licencia sin goce de sueldo para solicitar a las autoridades las copias “del cumplimiento llevado a cabo como resultado de la recomendación antes mencionada”, y dijo no tener impedimento elementos o sentencias que actualmente impidan su desempeño en otros ámbitos laborales.
En ese contexto, el padre de Ángel Daniel pidió al Congreso de Hidalgo “hacer historia en Hidalgo” y legislar para sentar un precedente claro con el fin de que los antecedentes de violación a derechos humanos formen parte de los criterios de idoneidad para acceder a un cargo público, “especialmente en instituciones encargadas de impartir o formar en justicia”.
“Así como ya existen restricciones para personas con antecedentes en violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias, este caso nos obliga a ampliar la reflexión: incluir las violaciones graves a derechos humanos como un criterio de idoneidad a cargos públicos”, expuso.
Esto no es un debate sobre el pasado, es un compromiso con el futuro de la justicia en Hidalgo”, agregó.
Al ser cuestionado si harían un llamado al gobernador Julio Menchaca Salazar para que apoye su postura, Reyes Bolaños dijo esperar que “todos los sectores” que están involucrados en que mejoren las leyes respalden la propuesta de reforma.
“Hay un vació legal y un vacío institucional de todas partes (…) si aún con todo eso se pueden seguir accediendo a puestos de alto nivel, pues algo está mal en las instituciones”, expuso.