Amigos de Jonathan y Carlos Mauricio, imputado por hechos de violencia durante la marcha del 8M, acusaron amenazas y hostigamientos contra ellos y familiares de ambos jóvenes, por lo cual pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) que intervenga y los entreviste, ya que -afirmaron- se encuentran en aislamiento dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca y temen por su seguridad.
Esta tarde, en las escalinatas del ente público, un grupo de persona que dijeron ser amigos cercanos se manifestaron en favor de los procesados, quienes fueron detenidos el pasado 8 de marzo, tras la marcha y protesta por el Día Internacional de la Mujer, en la calle de Guerrero, y vinculados a proceso el viernes pasado por su presunta responsabilidad en los delitos de ultrajes a la autoridad, lesiones y sedición.
En el lugar, aseguraron que Jonathan y Carlos Mauricio se encuentran incomunicados dentro del Cereso de Pachuca, lo que motivó el pronunciamiento ante el organismo garante de los derechos humanos, para que acuda al llamado y revierta lo que, aseguraron, son anomalías contra ambos.
“El jueves 13 de marzo fueron familiares de los detenidos a visitarlos al Cereso, que expliquen por qué desalojaron a los visitantes a los dos o tres minutos de verlos sin permitirles platicar con ellos. El viernes 14 de marzo, el día de la segunda audiencia, ¿por qué presentaron las autoridades del Cereso a Mauricio y Jonathan con la cabeza a rape si aún no eran vinculados al debido proceso?”, señala parte de su pronunciamiento.
Al continuar con el mensaje, Alejandro, uno de los asistentes, expresó que con esa acción las autoridades daban como un “hecho consumado”, previo a la continuación de audiencia, que el juez los vincularía a proceso.
Pidió que se informe a la CDHEH porqué el juez de control Luis Raúl González Becerra no aceptó los videos que presentó la defensa para tratar de acreditar la no culpabilidad de los jóvenes.
“Que se investigue esta honorable comisión, sugiriéndole para ello hacer una visita a este reclusorio y que entreviste a los dos o jóvenes para saber por qué han sido incomunicados, aislados y golpeados Carlos y Jonathan por el personal del Cereso. Tememos por la integridad y por la propia vida de Jonathan y Carlos, por lo que, por favor, le suplicamos encarecidamente no les estimen esta petición”, añade el pronunciamiento, el cual entregarían posteriormente a la institución.
El orador agregó que no han determinado si buscarán recurrir a un recurso de juicio de amparo para revertir el proceso judicial en contra de ambos.
También cuestionó el actuar de los abogados de ambos, pues consideró que no sólo no ayudaron a Jonathan y Carlos Mauricio, sino que tienen la “sospecha” de que “manipulan” a la mayoría de sus familiares dándoles falsas esperanzas, por lo que ven difícil un cambio de defensa.
Por otra parte, refirió que acudieron pocos amigos de ambos jóvenes a la convocatoria debido a una serie de amenazas contra ellos y familiares para que no se presentaran, lo cual los desincentivó.
A todos ya nos han hecho llamadas telefónicas amenazando, a mí ya me llamaron y les voy a decir, perdón las palabras, pero tal cual me dijeron: ‘Métete, no te metas en pedos que no son tuyos porque te vamos a romper tu madre, conocemos a tu familia’”, recordó Alejandro.
Agregó que la familia de ambos jóvenes les dijeron que no fueran a protestar a la CDHEH por ser “peligroso”, en referencia a que incluso derivaría en cambiar de Cereso a los procesados.
QUEJA ANTE LA CDHEH NO LOS CONSIDERA
Mientras que el número de quejas por vulneración de derechos humanos derivado de agresiones de elementos policiacos a mujeres en la marcha del 8M asciende a 11, en la queja de oficio (CDHEH-VG-0441-25) que se inició no se encuentran Jonathan ni Carlos Mauricio, quienes acusan agresiones al ser detenidos.
Derechos Humanos ya no tiene voz en este caso que porque los chicos firmaron un oficio en el que según ellos renunciaban a la intervención de derechos humanos. Por Dios, ¿sí entiende cómo se escucha eso?, ¿Quién va a renunciar, quién en su sano juicio renuncia a sus derechos?”, manifestó el amigo de ambos jóvenes.
Previamente al pronunciamiento, la presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, refirió en entrevista que a la queja CDHEH-VG-0441-25, hasta este martes, se han adhiriendo 11 mujeres, dos de ellas menores de edad, presuntas víctimas de agresiones de la policía.
Añadió que por ley tienen cuatro meses para concluir la investigación, pero recordó que se puede ampliar el plazo dependiendo la necesidad de la indagatoria.
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