La diputada Tania Meza Escorza planteó que en la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo se establezcan indicadores para medir el impacto psicológico a víctimas de violencia, pues la normativa que rige a la procuraduría carece de ese instrumento.
Ante la propuesta de activistas para que desde el Poder Legislativo se apliquen mediciones concretas e indicadores que califiquen el verdadero impacto de las políticas públicas gubernamentales y del servicio que se le da a las víctimas, específicamente a las mujeres, la morenista consideró adecuado analizar cómo se deben establecer en la ley las mediciones sobre el actuar de las autoridades.
Indicó que se requiere una iniciativa que permita saber con la batería de pruebas qué tanto impactó psicológicamente hay en una persona que ha sido violentada, pues si no está hecha a través del método científico y no posee perspectiva de género, entonces no sirve, expuso.
Dijo que la presencia de un instrumento que no cuente con las características de medir eficientemente el impacto de violencia en alguien agredido puede derivar en que los mismos componentes de la batería arrojen como resultado que no hubo gran impacto en la víctima por el solo hecho de que no “lloró lo suficiente”, ejemplificó la diputada.
A lo mejor no es la ley, a lo mejor no es ni siquiera el código, a lo mejor es hasta un reglamento, o en este caso que no está viendo perspectiva de género en un instrumento de medición”, consideró.
Sostuvo que un instrumento de estas características forzosamente lo tienen que diseñar psicólogas clínicas, ya que son las especialistas vinculadas a la materia, mediante mesas de trabajo con personas expertas que trabajan directamente con las víctimas.
Adelantó que se analizará si ello debe de integrarse a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la entidad.
Agregó que existe apertura y buena voluntad del encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Francisco Fernández Hasbun, quien previamente ofreció modificar los instrumentos de medición de impacto en las víctimas, puntualizó la diputada.
Lo importante en la construcción de una batería de medición es que no quede a la buena voluntad de las autoridades y sí en que se impregne en la ley y se aplique conforme a como se diseñó”, agregó.
Recalcó que actualmente, no solamente en Hidalgo, sino en el país no hay un referente sobre un instrumento de este tipo actualizado, con criterios óptimos para su medición, porque no está establecido en la ley.
Aunque la PGJH cuentan con instrumentos basados en el método científico, consideró desafortunado que “a lo mejor” son herramientas del siglo pasado o no se haya revisado porque a “nadie se le había ocurrido hasta que empiezan a rebotar los casos de acceso a la justicia por ese detalle”.
Es grave que no está establecido porque tendría que darse por hecho, pues que si tú vas a medir algo que le va a cambiar la vida y que a una víctima, y que además tiene que ver con derechos humanos, pues tendría que tener la perspectiva de derechos humanos, pero desafortunadamente todavía, pues hay gente que no lo ha visto o que todavía tiene una mentalidad no de construida”, recalcó.
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