La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) deberá reapertura la carpeta de investigación interpuesta contra Lamán Carranza Ramírez, extitular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, por su expareja Pamela Abril, quien lo acusa de violencia familiar. El Ministerio Público había determinado el pasado 6 de febrero no ejercer acción penal contra el excolaborador del exgobernador Omar Fayad Meneses.
En audiencia de control en el Centro de Justicia para Mujeres, la jueza Janet Montiel Mendoza “echó para abajo” la decisión de no querer investigar la denuncia contra el exfuncionario, indicó el asesor jurídico de la víctima, Oscar Mora, pues dijo que escuchó las “razones ambigua y sin motivación adecuada” que llevaron a la procuraduría a archivar el caso.
Se le ordenó a la ministerio público dejar sin efecto la determinación de archivar la carpeta de investigación, reaperturar la carpeta de investigación y en 15 días hábiles analizar en conjunto todos los datos de prueba que están agregados en la carpeta de investigación y considerar si es procedente el ejercicio de la acción penal o nuevamente archivar el asunto en contra de esta persona”, expuso en entrevista posterior.
Durante la audiencia, el abogado señaló que la representación social consideró que no se acreditó la violencia familiar, porque faltaba el elemento de la violencia en cualquiera de sus formas, pese a los datos de prueba que obran en la indagatoria.
Dijo que el dictamen de la perito en psicología establece que al momento de la evaluación a Pamela Abril no se encontraron “indicadores de daño psiconeurológico”, por ende, de violencia familiar, por lo que el asesor jurídico pidió revertir la determinación de la representante del Ministerio Púbico (MP) por “indebida motivación”.
Aseguró que el exfuncionario siempre tuvo actitudes violentas contra su clienta, por lo que citó que, de acuerdo con la víctima, en 2017 el señalado tuvo acto de celotipia cuando ella se encontró a un amigo en la Ciudad de México, lo que provocó violencia verbal con calificativos como “estúpida, basura, pendeja, puta”.
En ese mismo año, antes de su embarazo, dentro del fraccionamiento Bosques Hábitat la golpeó en la cara, pero tuvo temor a denunciar por represalias; asimismo, por tener Lamán relación con mandados del otrora gobierno en turno, agregó.
El abogado añadió al relato de la acusación que tras separarse, en 2018, el señalado la amenazó de quitarle a su hija si tenía pareja y que diariamente la denigraba con diversos insultos y señalamientos de no ser útil. Además, que tras dar a luz la dejó sin servicios básico, por lo que se fue a vivir con su madre, al no soportar la violencia en su contra.
Añadió que el último insulto, que motivo el inicio de la denuncia, ocurrió el 15 agosto de 2024, cuando le dijo a Pamela Abril que “por su culpa” su hija iba a “dejar de tragar” y que a ella no la iba a “estar manteniendo”.
En medio del relato del abogado, quien indicó que las agresiones señaladas están plasmadas en mensajes de WhatsApps y testimonios de personas a las que la mujer les mostró las conversaciones en diferentes momentos, la defensa del señalado y el MP pidieron que la audiencia fuera privada.
La jueza resolvió en favor de la petición con el argumento de garantizar “la dignidad” y “honorabilidad” de la víctima y del acusado, pese a que Pamela Abril dijo no tener inconveniente en que fuera pública, lo cual fue respaldado por su asesor jurídico.
En entrevista, el abogado indicó que aprovecharán los 15 días de plazo que otorgó la jueza a la MP para aportar más documento que pueden ser relevantes en la acusación.
Mora cuestionó que la representación social no tomó en cuenta entrevistas de testigos, 27 páginas de un informe de investigación que establecen “N cantidad” de agresiones permanentes, por años, contra su clienta, ni opiniones técnicas y psicológicas.
Dijo no tener evidencia para decir que hubo presión política para que el caso no avanzara, pero que llama la atención “la simpleza” con la que la PGJH archivó el caso y determinó que no ocurrió ningún delito, sin analiza la totalidad de los elementos de la carpeta y sin perspectiva de género.
Advirtió que de no obtener una resolución que ejercite acción penal acudirán al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Si la vuelven a archivar, por supuesto que estaremos en todo derecho de volver a impugnarlo, y si el Poder Judicial del Estado de Hidalgo confirma ese archivo, nos vamos al PJF”, expuso.
¿Qué necesita un órgano investigador que pase para que se pueda ejercitar acción penal contra un probable agresor, qué se requiere?, perdón, ¿que la maten?, ¿qué más se requiere?”, cuestionó.
Indicó que se busca la reparación del daño y que el delito que denuncian no quede impune. El abogado añadió que la víctima cuenta con medidas de protección.
ACTUACIONES GENERAN SUSPICACIA EN LA VÍCTIMA
Pamela Abril añadió que no podría decir que hubo una cuestión política en su caso, pero indicó que le genera suspicacia que en el proceso familiar que lleva en paralelo contra el extitular de Planeación y Prospectiva se requirió dos veces a la Secretaría de Seguridad Púbica de Hidalgo (SSPH) el apoyo de la fuerza para desalojarlo de la casa familiar que habitaban, pero en ambas se negaron a acudir.
Esa irregularidad se dio, dijo, pese a que la jueza en la materia determinó la salida del exservidor público de la vivienda como medida de protección, misma que rechazó acatar el señalado.
Durante seis años que él se encontró en el cargo público fueron una serie de intimidaciones, una serie de cuestiones en las que yo tenía un poco de miedo o de desesperanza de decir ‘pues a final de cuentas, si lo hago, posiblemente no va a pasar nada’”, expuso.
Afirmó que, bajo su percepción, aunque ya no funge como funcionario, ha habido irregularidades en el caso que la hacen pensar en una posible protección a Lamán derivado de sus relaciones públicas.
Editor general, reportero
