Ante la falta evidencias que justifiquen la adquisición de insumos, principalmente ligados a la salud, con diversos recursos de carácter federal, el gobierno de Hidalgo debe solventar mil 311 millones 536 mil 790 pesos observados en la cuenta pública 2022 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Mientras que en el plano estatal el Poder Ejecutivo tiene un pendiente de aclarar más de 991.8 millones de pesos, en el ámbito federal debe justificar el uso
recursos de fondos, programas y participaciones.
Las observaciones a Hidalgo se efectuaron en tres auditorías aplicadas, bajo los números 1057, 1059 y 1063, que agrupan estos más de mil 311 millones de pesos que la ASF presume un daño a la hacienda pública.
La primera fiscalización corresponde a la inspección del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2022, con 63 millones 89 mil 937 pesos pendientes de aclaración.
Entre las observaciones se encuentra el empleo de una cuenta bancaria pagadora de los Servicios de Salud de Hidalgo por concepto de servicios personales, del que no se acreditó el reintegro de 499 mil 669 pesos a la Tesorería de la Federación.
También señaló el uso de 14 millones 412 mil 891 pesos, igualmente en el rubro de servicios personales, por conceptos de compensaciones adicionales por servicios especiales, ayuda de despensa, asignación bruta, previsión social múltiple, ayuda para gastos de actualización y enteros de aportaciones patronales del personal formalizado y regularizado, que correspondieron al ejercicio fiscal 2021, pagos que no son procedente al tratarse de un año fiscal distinto.
Además, erogó injustificadamente 138 mil 654 pesos en pagos a 15 trabajadores después de que causaron baja definitiva, así como 22 millones 372 mil 865 pesos por servicios de arrendamiento de 100 vehículos para diferentes unidades médicas y jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de la entidad, de los que no se acreditó que las unidades se encontrarán en el lugar y fecha estipulados en el contrato.
A esto se suma la no presentación de documentos que acredite las condiciones físicas de los vehículos al momento de su entrega, la distribución a las unidades médicas y jurisdicciones sanitarias ni la prestación de los servicios del arrendamiento.
Otro pendiente de aclaración por 4 millones 56 mil con 58 pesos del FASSA 2022 es por la adquisición de 46 piezas de medicamentos con clave 010.000.5117.00 y 11 piezas con clave 010.000.5107.00, pues no se acreditó el suministro al Hospital General Pachuca ni a sus pacientes, lo que impidió verificar la aplicación de los recursos, además de adquisición de 4 refrigeradores que no están en operación, por lo que no cumplieron con los objetivos del fondo económico.
COMPRAN AMBULANCIA SIN LICITACIÓN NI EVIDENCIA
Asimismo, la ASF observó que el gobierno estatal adquirió seis ambulancias por 21 millones 609 mil 797 pesos, de las que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa con la descripción de especificaciones técnicas y costos del equipamiento para convertirlas en unidad móviles médicas. Tampoco se sustentó la excepción para la compra de las unidades bajo adjudicación directa, mediante el contrato VET-EXCP-150-2022.
Con ello, la auditoría aduce incongruencia en el periodo de tiempo en el que se hizo la adjudicación, ya que las cotizaciones base para el estudio de mercado se realizaron el 27 de diciembre de 2022, el estudio de mercado se emitió el 28, el presupuesto y el dictamen de excepción a la licitación se autorizó el 29, el contrato se celebró el 30 de diciembre y las ambulancias se entregaron el 31 de diciembre de 2022.
El segundo expediente de auditoría señala observaciones por mil 178 millones 345 mil 468 pesos -la mayor cantidad de las irregularidades detectadas- de Participaciones Federales a Entidades Federativas.
De ese monto, se detectaron diversas inconsistencias en por lo menos una treintena de contratos y diversos rubros por 829 millones 742 mil 265 pesos, por
falta de acta de entrega-recepción y de evidencia de la entrada o recepción de los bienes adquiridos, entre otras inconsistencias.
Bajo el contrato SEPH/001/2022, no se presentó la documentación del “diagnóstico de la salud de educación media y superior”, mientras que en el 76/2022 no se justificó la totalidad de la distribución de los libros de texto de inglés y en el 629M-1/2021 no hay evidencia de la compra de un software.
En el procedimiento EML-040-2022, que agrupa siete contratos, no se presentaron los entregables del equipo médico y del laboratorio adquirido, en el VET-029-2022 (que reemplazó al SI-011-2022) no se presentó la evidencia de vehículos y equipo terrestre y en el CAASIM-DAJ/164/2022 hay evidencia de la sustitución del cable de cobre por aluminio.
Otro presumible daño es por 38 millones 997 mil 11 pesos, al no presentar en 13 expedientes la evidencia de entrega de ayudas sociales, productos farmacéuticos, material electoral, equipo diverso, ordenes de compras firmadas por el proveedor, entre otros.
La ASF también observó 309 millones 606 mil 191 pesos por no presentar en siete contratos la documentación que acredite debidamente la entrega-recepción de obras; asimismo, no se remitieron seis finiquitos de obra correspondientes a los contratos NOR-2021-LP-FGPAR-SOPOT-CS-007, SSH-RAMO18.-SALUD22-LE-013-2022, CELSH-DGSA-INV-C047/2022, CELSH-DGSA-LP-C030/2022, CELSH-DGSA-INVC046/2022 y el CELSH-DGSA-AD-C047-A/2022, y en el contrato SSH-RAMO18.-SALUD22-LE-013-2022, donde faltó el oficio de terminación, el reporte fotográfico y el acta de extinción de derechos y obligaciones.
En la inspección al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, falta claridad en la aplicación de 70 millones 101 mil 385 pesos.
La primera observación señala 68 millones 857 mil 620 pesos por la adquisición de productos químicos y reactivos de laboratorio, de los que no se proporcionó la documentación que permita validar la entrega de los bienes por parte del proveedor, bajo los contratos PQB016-2022, PQB-017-2022, PQB-023-2022, PQB-025-2022.
En tanto, la segunda observación responde a un millón 243 mil 764 pesos por las irregularidades detectadas en 15 expedientes clínicos de los beneficiarios finales del material de osteosíntesis adquirido en el contrato MASM-DES.LIC-FED-107-2022. Entre las observaciones se encuentran la falta de suministro, material suministrado que no corresponde con los datos proporcionados por los Servicios de Salud de Hidalgo y un expediente que no fue localizado,
Con ello, señala la ASF, no se contó con mecanismos de control, guarda y custodia adecuados para el correcto manejo, aplicación y pago de los materiales, los cuales no cumplieron con los fines y objetivos del programa.
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