Luego de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) asignó un contrato por 993 mil millones de pesos para la construcción de mil 808 Viviendas del Bienestar a la empresa Agicresa, propiedad de Arturo y Gibran, hermanos del diputado federal Ricardo Crespo Arroyo, el legislador de Morena negó que exista un conflicto de interés.
En conferencia de prensa realizada este martes, el integrante de la bancada morenista en San Lázaro dijo no tener participación alguna en la constructora, la cual, aseguró, fue fundada por su padre y luego heredada a sus hermanos.
Consideró que no hay conflicto de interés, pues dijo que él no trabaja en el Infonavit ni tampoco tiene participación en Agicresa, empresa fundada en 2005, según el Registro Público de Comercio.
“Mi función no es dar contratos, no es licitar, no tengo ninguna relación yo con el Infonavit. Yo no soy ni dueño, no he sido representa legal”, aseguró.
El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó si por su puesto en el servicio público sus familiares no tenían derecho a “subsistir”, en referencia a ser sujetos de recibir recursos público a través de la construcción en el sector público.
“¿Si yo soy diputado y se han dedicado a la construcción? Entonces, ¿no pueden construir, no tiene el derecho mi familia a subsistir?”, dijo el exasesor del exmandatario Francisco Olvera Ruiz.
Crespo Arroyo solicitó presentar, de existir, alguna prueba de responsabilidades en el contrato firmado en agosto pasado a favor de sus familiares.
También planteó que la exhibición del contrato millonario para sus hermanos podría tratarse de un golpeteo político; sin embargo, dijo que no se “engancha”, pues su labor es legislar en San Lázaro.
El jueves pasado Acrópolis Noticias publicó que, de acuerdo con el contrato CO-PVB-095-2025, de acceso público en el portal Infonavit Constructora SA de CV, por cada casa que Agicresa comprometió a desarrollar recibirá un pago de 599 mil 750 pesos.
Con lo anterior, recibirá 993 millones 948 mil pesos con IVA incluido por la obra de las casas. Adicionalmente, la “vendedora” del predio de 10 hectáreas en Zempoala, cobrará 50 mil pesos por concepto de suelo que se pagará por vivienda autorizada: 90 millones 400 mil pesos más para Agicresa.
Cuestionada al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se revisaría el contrato, y advirtió que en caso de detectar algún conflicto de intereses, tiene que “suspenderse”.
“No debe ser y si hay alguna prueba (…) no debe ser. No debe haber conflicto de interés y tendría que resolverse. Vamos a revisarlo y en caso que sea cierto, tiene que suspender ese contrato«, comentó.
En tanto, el gobernador Julio Menchaca Salazar consideró que no se puede limitar a que las empresas participen en licitaciones aunque sus representantes tengan vínculos con funcionarios públicos, como en el caso de Agicresa.