Tras la irrupción de alrededor de 300 personas a Tula para intentar tomar el control de la planta cementara de Cruz Azul esta mañana, el gobernador Julio Menchaca Salazar rechazó el uso de la fuerza y la violencia “para reclamar un derecho”, por lo que sostuvo que los grupos porriles responsables deberán “asumir su responsabilidad”.
Afirmó que es un conflicto entre particulares, con 700 cooperativas de por medio, no entre el gobierno y la cementera, por lo que destacó la intervención del estado.
El morenista dijo no se le puede “atribuir” una responsabilidad a su gobierno de intervenir en un conflicto entre las dos facciones de la cooperativa – una encabezada por Víctor Manuel Velázquez y otra por Federico Sarabia Pozo-, por lo que deben de resolverlo entre ella a través de la conciliación y voluntad.
Recriminó que “se ha dejado correr la idea” de que alguna de las partes “ya ganó” los juicios, lo cual rechazó.
El mandatario dijo que en varias ocasiones a la Secretaría de Gobierno han asistido representantes de ambas partes, aunque consideró que “una de ellas” debería de ser más flexible.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, por la irrupción de esta mañana hubo 120 personas detenidas en Tula, quienes “van a tener que asumir esa responsabilidad”, afirmó el mandatario.
Añadió que al parecer hay una persona con herida de arma de juego, dato que en conferencia de presa -a la par de la entrevista con el gobernador– el Gabinete de Seguridad evitó confirmar.
Consideró que mañana se reanudarán las clases en Cruz Azul, donde este día fueron suspendidas por lo hechos violentos, pues la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) “va a estar monitoreando”.
Sobre si las autoridades reforzarán la seguridad en la zona del conflicto, respondió que “ha habido siempre” y está “vigilante” la fuerza pública estatal y federal”, pues recordó que antes hubo otros intentos de tomar la planta, como el ocurrido en abril de 2022, que dejó ocho personas muertas.
Menchaca Salazar insistió en su exhortó a negociar entre la partes involucradas; de lo contrario, deberán esperar a la “tramitología” de los juicios, con el agravante de que “ya hay cuestiones carácter penal” por la pérdida de vidas ocurrida hace dos años.
Añadió que el gobierno está dispuesto a realizar una mesa para que las partes resuelven el conflicto interno que lleva ya “muchos años”.
Editor general, reportero