Hay 43 ayuntamientos que continúan sin dar contestación sobre el seguimiento a las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) realizó para mejorar las condiciones de las áreas de detención municipales.
El ente autónomo informó ayer sobre tres recomendaciones hechas a los ayuntamientos de Chapulhuacán, Tlahuelilpan y Tulancingo de Bravo, cuyo factor en común son violaciones a los derechos humanos provienen de prácticas negligentes en sus áreas de retención, coloquialmente conocidas como barandillas.
Al respecto, la presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, dijo que no más de 50 por ciento de las alcaldías no dieron contestación a la comisión sobre el estatus de cada uno de estos espacios tras el informe que se hizo sobre las condiciones en que operan.
Aunque refirió que en una recomendación general no están obligados a darle contestación para su aceptación, sí tienen que darle un seguimiento y presupuesto para mejoras las barandillas.
Para tener acercamiento, Parra Bonilla refirió que emitirán el programa de Hidalgo Inspira, con el cual recorrerán los 84 municipios para acompañar a las nuevas administraciones.
La ombudsperson recalcó que las principales problemáticas por las que pasan los puntos de detención son la falta de personal especializado en las áreas de salud, en certificación médica y psicológica; la infraestructura, y las áreas para colocar a las personas adultas y menores de edad.
Hasta la fecha, los ayuntamientos que se mantienen omisos son Agua Blanca, Ajacuba, Apan, El Arenal, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Calnali, Cardonal, Cuautepec de Hinojos, Eloxochitlán, Francisco I. Madero, Huasca de Ocampo, Huazalingo, Jacala de Ledezma, Juárez Hidalgo, Metepec, San Agustín Metzquititlán, Mineral del Chico , Mineral del Monte, La Misión, Nicolás Flores, Nopala de Villagrán, Omitlán de Juárez, San Felipe Orizatlán, Pacula, Pisaflores, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, Singuilucan, Tasquillo y Tecozautla.
Asimismo, Tepeapulco, Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo, Tianguistengo, Tlanchinol, Tolcayuca, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zempoala y Zimapán.
RECOMENDACIONES
Sobre las tres recomendaciones emitidas, la primera, R-VJ-0008-24, implica hechos violatorios a la suficiente protección de personas, la protección contra toda forma de violencia y la debida diligencia cometidos por elementos de Seguridad Pública de Chapulhuacán el 29 de agosto de 2020, cuando una persona fue detenida por conducir en exceso de velocidad y bajo influjos del alcohol, quien tras su traslado al área de detención no tenía los candados de manos, por lo cual corrió rumbo a unas escaleras, las cuales subió: sin embargo, el sujeto cayó y se golpeó la cabeza, mismo que le generó un traumatismo craneoencefálico.
Con ello, la CDHEH acreditó que las autoridades cometieron omisiones en el traslado del detenido, así como el quebranto de protocolos, situación que le causó discapacidad permanente al agraviado.
En tanto, se pidió a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo continuar con las investigaciones contra los uniformados involucrados, mientras que el ayuntamiento emplee las sanciones correspondientes.
En la segunda, la CDHEH-TA-0009-24, se determinaron hechos violatorios al derecho de preservar la vida humana, a no ser sometido a violencia institucional, a la suficiente protección de persona y a recibir atención médica, psicológica y tratamiento especializado debido a la muerte de una persona en el área de detención municipal de Tlahuelilpan, en mayo de 2023. Por ello, se requiere el ofrecimiento de una disculpa pública a las víctimas indirectas para reconocer y restablecer la dignidad como víctimas.
En tanto, la tercera recomendación, la R-TB-00010-24, se desprende de hechos que se dieron en el área de detención de Tulancingo por la muerte de una persona a su interior. En ello, policía, juez calificador y el médico de guardia incurrieron en hechos violatorios a la preserva de la vida humana, a no ser sometido a violencia institucional, a la suficiente protección de personas, a la debida diligencia, a una valoración y certificación médica y a recibir atención médica, psicológica y tratamiento especializado.
En este caso, de igual forma se pide la disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos, además de que se comiencen con las investigaciones en el ámbito municipal.
Reportero