Pobladores de la localidad de Pueblo Nuevo rechazaron haber logrado un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) para permitir la continuación del tramo de la carretera Real del Monte-Huasca que pasa por su territorio, misma que está bajo la medida judicial de suspensión definitiva por el reclamo de una indemnización. Únicamente tuvieron un ofrecimiento por 2 millones de pesos, el cual rechazaron.
Luego de que en julio pasado dieran a conocer que cuentan con la protección de la justicia federal para frenar la construcción sobre 12 mil metros que pasan por su propiedad, dentro del juicio de amparo 321/2024, el abogado Julio Gálvez Bautista indicó que la semana pasada hubo un acercamiento de las autoridades federales, quienes buscaban que los quejosos acepten las “jurisdicciones voluntarias”; es decir, los documento con que otras personas afirman ser propietarias.
Querían pagar 2 millones de pesos, y aparte en su convenio metieron de que salvo que nosotros demandemos a las jurisdicciones voluntarias, entonces yo les dijo ‘no, porque eso es otra cosa ya por otra vía’, aquí lo que estamos peleando nada más es la indemnización (…) tengo mi decreto, reconócemelo y págame, eso es todo, no tienen ellos por qué meter y tratar de defender a las personas que se robaron la tierra allá arriba”, apuntó.
Recordó que las familias de la localidad ubicada en Mineral del Monte tienen un decreto presidencial de 1924 que los acredita como propietarios en régimen comunal, el cual inscribieron en el Registro Público de la Propiedad, y que el pago de las efectuaciones por el paso de la carretera fue realizado por el gobierno estatal de Omar Fayad Meneses, a través de un convenio con la federación, a una persona distinta que presentó documentos de compraventa (título supletorio) que califica como ilegales.
Nos gustaría contestarle al delegado de al SICT que es falso lo que el pretende, lo que dice. Que la carretera no se va a abrir, porque continúa la suspensión, hasta en tanto le hagan caso a las personas en cuento a su decreto y le reconozcan a la gente su propiedad que tiene ahí desde hace muchísimo tiempo, porque se la acabaron reconociendo a otra personas”, expresó.
Insistió en que no aceptarán ningún acuerdo si la secretaría no reconoce el decreto presidencial que acredita la propiedad comunal de las familias de Pueblo Nuevo sobre el predio (la ranchería tiene un total de 687.29 hectáreas), pues reiteró que está por encima de cualquier título supletorio posterior a 1924.
Los quejosos, que se agrupan en medio centenar de familias, buscan una indemnización global de alrededor de 14 millones de pesos, indicaron.
Si no les hacen casos, advirtió, tomarán otras medidas como el cierre de carreteras o la calle de enfrente de las oficinas en Hidalgo de la SICT, en la México-Pachuca.
Van a existir otro pido de acciones, porque lamentablemente nosotros nos vamos por la vía civilizada (…) pero si vemos que la vía legal y la vía civilizada y el gobierno continúa tratando de proteger a los políticos que están allá arriba en Pueblo Nuevo, pues vamos a tener que tomar otro tipo de acciones”, dijo.
Pascual López Ramírez, presidente del consejo de administración de la sociedad Real Zumate (conformada para la defensa del caso), indicó que el dinero de la indemnización que reclaman pretenden usarlo en proyectos productivos para llevar desarrollo a Pueblo Nuevo y tener derrama económico.
Para que ya no salgan a trabajar fuera, porque así lo dice nuestro decreto, esa tierra nos la dieron para un polo de desarrollo económico, que no saliéramos al extranjero (…) ahí mismo tener nuestra fuente de empleo”, sostuvo.
Gálvez Bautista afirmó que no están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador -cuyo compromiso es entregar la nueva carretera antes de finalizar su mandato el último día de septiembre- ni es desarrollo social, pero dijo que no pueden pasar por encima de los derechos del poblado y protegido a las “personas que se han robado los terrenos del bosque”.
Es muy interesante cómo todo este tema de cómo se han ido apropiando de la tierra ahí en Pueblo Nuevo (…) Los políticos están como ardillas sobre esa tierra, se las quieren ir a robar porque va a aumentar la plusvalía (…) Son los mismos lo que están ahí, los mismos exgobernadores, ahí están con cabañas robadas, los funcionarios públicos inclusive con terrenos ahí”, agregó.
El abogado añadió que buscarán un diálogo con el gobernador Julio Menchaca para solicitar la mediación en el conflicto de propiedad.
DatoAcro
-El abogado afirmó que todavía no hay fecha para la audiencia constitucional del juicio de amparo 321/2024, pero reiteró que en tanto la SICT no podrá intervenir por la suspensión definitiva con la que cuentan.
Editor general, reportero
