La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, negó la existencia de casos de tortura entre los internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, en específico contra integrantes del Partido del Trabajo (PT) que se encuentran presos; incluso, dijo, una de ellas está “agradecida” por el acompañamiento del organismo público.
A raíz de las acusaciones hechas el martes pasado por simpatizantes de Édgar Hernández Dañu, exdiputado local, los exalcaldes de Tlaxcoapan y Progreso de Obregón, Miguel Ángel López Hernández y Armando Mera Olguín, respectivamente, así como de excandidata Diana Marroquín Bayardo, que alegaron actos inhumanos en su contra en los centros penitenciarios donde se encuentran, la ombudsperson aseveró que siempre hay atención y acompañamiento a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) por parte de la CDHEH.
La verdad es que es importante decirles que en el estado no hay tortura para las personas que se señalan”, manifestó.
Parra Bonilla dijo que de puño y letra una de las personas -señalada como víctima de esos actos- “está agradecida” con la comisión por su acompañamiento.
Entonces yo creo que es una falta de comunicación entre la persona que está en el Centro de Reinserción Social y las personas que se han manifestado”, afirmó Parra Bonilla.
Presumió que la CDHEH realiza trabajo para la salvaguarda de la integridad de las PPL y negó la presencia de tortura en los Ceresos del estado, de acuerdo con los diagnósticos y los informes anuales y las inspecciones que efectúan para que no exista este tipo de conductas, aseveró.
No obstante, dijo, siguen “vigentes” diversas “áreas de oportunidad” para garantizar los derechos humanos en los espacios de reclusión.
Aseguró que la CDHEH ha señalado cuáles son los hechos graves de vulneraciones que pueden derivar en consecuencias para las PPL, situaciones que mediante el diagnósticos penitenciario e intervenciones de la CDHEH se dará a conocer a la ciudadanía.
RESISTENCIA DE AUTORIDADES
Respecto a la investigación por las agresiones contra manifestantes de la marcha del 8M, vecinos que bloquearon la carretera contra el albergue de niñas, niños y adolescentes migrantes ubicado al sur de Pachuca, así como por la negligencia de autoridades en el caso de resguardo de Rosaura, víctima de feminicidio en la comunidad de Azoyatla el pasado 5 de febrero, dijo que siguen su proceso.
Sin embargo, de este último caso Parra Bonilla dijo que ya no dará más información, al encontrar resistencias de las instancias a las que se les pidió información para atender el caso tras declarar el número de instancias a las que investigaban.
Ya no les voy a decir eso (de las instituciones investigadas) porque la vez pasada por decirles eso las demás autoridades se me pusieron ya alertas y ya no tuvieron como una buena contestación para la institución”, evidenció.
Abundó que lo único que puede decir es que las primeras autoridades que se les notificó al ser relacionadas con este hecho han contestado bien, aunque después de hacer la declaración a medios sobre el número de entes indagados comenzó la renuencia a colaborar.
Los que íbamos a investigar son los que no nos han contestado bien porque yo les dije que había más personas involucradas, entonces, derivado de eso, voy a ser más prudente para poderles decir quiénes son y quiénes no”, añadió.
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