Tras la ejecución del A.J.M., alias el Jelos, presunto integrante de un grupo que se disputa el control del huachicoleo en Cuautepec de Hinojosa, quien contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de su esposa, ocurrió en mayo de 2021, Santiago Nieto Castillo, encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), consideró que nunca se dio su detención por “falta de voluntad política de hacer las cosas”.
“No había voluntad en muchas acciones, en la Estafa Siniestra, en los temas de los feminicidios, desaparición de personas, algo que es tan simple como la celebración de un convenio con el INE, que nos ha permitido identificar a 66 personas para entregarnos a sus familiares, era un tema solo de voluntad política. La búsqueda de personas casa por casa, que nos permitió localiza a más de 200 personas, con prueba de vida 144, 65 con referencias, era algo de voluntad política”, dijo tras el desfile del 16 de Septiembre.
El funcionario señaló que para que el sistema de procuración funcione también se necesita “diseño institucional”, que -afirmó- es lo que se realiza con la transición hacía la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo (FGJH).
Aseveró que la premisa del gobierno es disminuir los asesinatos de mujeres por razón de género en la entidad.
Hemos tenido 19 casos en lo que va de la administración, 18 ya han sido resueltos: personas vinculadas a proceso, sentenciadas”, sostuvo Nieto Castillo.
El presunto delincuente fue ejecutado el miércoles pasado a balazos en San Lorenzo Sayula, comunidad de Cuajutepec donde el 27 de mayo de 2021 presuntamente cometió el feminicidio de su esposa, por lo que contaban con una orden de aprehensión por homicidio. Con su ejecución, el hecho quedó impune.
PROTESTAS CONTRA DEUDORES ALIMENTICIOS
Tras la protesta de un grupo de mujeres que exhibieron pancartas contra presuntos deudores alimentarios en el desfile del 16 de Septiembre, Nieto Castillo indicó que hace unos meses presentó junto con la diputada Vanesa Escalante Arroyo una iniciativa para la creación de un registro de estas personas y violentadores, para que no pueden ser candidatos a cargo de elección popular ni funcionarios en distintas áreas del gobierno.
Vamos a insistir en el Congreso que esa reforma se pueda materializar. Tiene que ver con eso, que no haya deudores alimentarios”, expuso.
Dijo que la idea -que las quejosas mencionaron en una de las mantas- es que exista información del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV) para saber la capacidad económica real de los implicados en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias y forzarlos a pagar.
Editor general, reportero
